La represión en Cuba alcanzó un nuevo hito alarmante. Según el más reciente informe de la organización independiente Prisoners Defenders (PD), en agosto el número de presos políticos llegó a 1.185 personas, la cifra más alta registrada hasta ahora.
En el mismo período, se sumaron 13 nuevos encarcelamientos, mientras que solo cuatro nombres salieron de la lista: tres por cumplimiento de condena y uno por exilio forzoso. Este último corresponde a la activista Aymara Nieto Muñoz, liberada con la condición de abandonar el país y trasladada a República Dominicana junto a su esposo, el también opositor Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas menores.
“El régimen se vuelve más represivo cada mes que pasa”, denunció Javier Larrondo, presidente de PD, en declaraciones a Martí Noticias. Añadió que el número de liberaciones no compensa en absoluto el de nuevos prisioneros de conciencia, lo que evidencia un patrón creciente de persecución.
Desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, un total de 1.735 cubanos han sido encarcelados por manifestarse contra el gobierno. La mayoría, resalta la organización, son ciudadanos comunes sin afiliación política ni vínculos con grupos opositores.
Entre los casos recientes figuran Adrián González Pérez, trabajador privado de Guantánamo detenido tras protestar por una multa desproporcionada de 36.000 pesos; Leonardo Maleta Veranes, huérfano arrestado en Santiago de Cuba por escribir consignas en una escuela; y Pavel Torres Rodríguez, preso desde octubre de 2024 en Matanzas por publicaciones críticas en Facebook, sin que hasta la fecha haya enfrentado juicio.
El informe también alerta sobre condiciones penitenciarias inhumanas. Un total de 472 prisioneros políticos padecen enfermedades graves sin recibir la atención adecuada, y otros 41 sufren trastornos mentales sin tratamiento. Además, 33 fueron detenidos siendo menores de edad: 30 de ellos cumplen condenas y tres permanecen procesados bajo medidas cautelares.
“El sistema penal en Cuba funciona como un mecanismo de represión para silenciar cualquier forma de disenso”, subraya el documento, que responsabiliza al Estado cubano de violar de manera sistemática el debido proceso y los derechos fundamentales.
A este panorama se suman cuatro muertes en cárceles cubanas durante agosto, de acuerdo con el Centro de Documentación Penitenciaria de Cuba (Cdpc), con sede en México. La organización contabilizó además 94 violaciones de derechos humanos en las prisiones durante ese mes.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Anthony Bermúdez, Ariel Hasdie López y Abraham Carmenates Hervás, quienes fallecieron por negligencia médica, mientras que Kevin Caraballo perdió la vida en una huelga de hambre emprendida para defender su inocencia.
El Cdpc señala que las violaciones más comunes incluyen negación de atención médica, acoso, represión, escasez de alimentos, malas condiciones de vida, castigos físicos, aislamiento y traslados punitivos. También se registran restricciones arbitrarias a las visitas familiares, prácticas que afectan con particular dureza a los presos políticos.
Las prisiones más señaladas por estos abusos son el Combinado del Este en La Habana, Cuba Sí en Holguín y Boniato en Santiago de Cuba, centros donde se concentran denuncias de tratos crueles e inhumanos.
Fuente: Ansa y Martí Noticias
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