El régimen cubano informó a la Iglesia Católica su determinación de no extender la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez, integrante de la Congregación de la Misión, como castigo por haber hecho sonar las campanas de la parroquia La Milagrosa, en Santos Suárez, mientras los vecinos protestaban por los interminables apagones en La Habana. Así lo confirmó una fuente eclesiástica consultada por Martí Noticias.
La fuente, que solicitó mantenerse en el anonimato por no estar autorizada a comentar públicamente asuntos internos de la institución, explicó que el clérigo repicó las campanas como muestra de acompañamiento a la comunidad, que había permanecido más de 12 horas sin electricidad. Aunque Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central, evitó mencionar abiertamente una expulsión —“sería un escándalo”, afirmó la fuente—, sí dejó claro que el permiso de residencia no será renovado. Esto implica que el párroco deberá abandonar el país cuando expire su documentación vigente.
De acuerdo con fuentes dentro de la Iglesia, agentes de la Seguridad del Estado presionaron directamente al sacerdote para que saliera de manera inmediata y este deberá regresar a México este jueves.
La salida forzosa del padre José Ramírez se produce en un escenario de tensiones cada vez más marcadas entre el gobierno y voces críticas dentro de la Iglesia. Sacerdotes como Léster Zayas, Alberto Reyes, Kenny Fernández Delgado y José Conrado Rodríguez Alegre, así como religiosas como Sor Nadiezka Almeida, han cuestionado abiertamente la crítica situación del país y la ausencia de libertades fundamentales, interpretando el evangelio desde la realidad cubana. Estas posturas han generado molestias en el aparato político.
En 2022, el régimen expulsó al sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de los jesuitas en la Isla, por manifestarse contra la dictadura.
En aquella ocasión, la religiosa Sor Ariagna Brito Rodríguez, de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, denunció que el gobierno actuaba “sin principios ni valores”, y que buscaba deshacerse de quienes “dicen la verdad”.
Caridad Diego, señalada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) como responsable de la represión religiosa, ha sido acusada repetidamente de utilizar visas y permisos temporales como instrumento de coerción. “Es una práctica constante para silenciar a los agentes pastorales”, declaró a Martí Noticias Luis Domínguez, miembro de la FHRC.
El incidente ocurrió en medio de una de las jornadas de protestas más amplias en meses. En La Habana, residentes de Diez de Octubre combinaron cacerolazos con el toque de campanas de La Milagrosa, mientras en Marianao bloquearon calles con objetos y se enfrentaron a fuerzas policiales. También se reportaron cortes de internet, un método habitual del régimen para sofocar manifestaciones.
Las protestas se extendieron a varias localidades de Guantánamo, como Cabacú y Jamal, en un país sumido en apagones constantes, escasez aguda de alimentos y medicinas, y un sistema de salud colapsado. Según el Observatorio Cubano de Conflictos, noviembre cerró con 1.326 protestas, la cifra mensual más alta registrada.
Fuente: Martí Noticias y Mario Pentón.
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