La llamada “tarea ordenamiento”, iniciada por el gobierno cubano en 2021, ha afectado, sin dudas, a la población del país en general, aunque las mayores afectaciones se perciben entre los habitantes de la tercera edad.
“Cuestión que no es menor, porque estamos hablando, en el caso cubano, de un sector que representa alrededor del 20 por ciento de la población en su conjunto”, dijo una experta en declaraciones a Radio Televisión Martí.
La socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido60, un Observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos, evaluó las trazas de la medida gubernamental para terminar con la dualidad monetaria al sacar de circulación al peso convertible CUC.
Tal orientación fijó el salario mínimo del país en 2100 pesos cubanos mensuales junto con el aumento de las pensiones a jubilados, sin embargo, produjo una inflación en la economía que, en medio de la escasez generalizada, dificulta sobremanera la adquisición de alimentos y artículos de primera necesidad.
“El de las personas mayores ha sido uno de los grupos más afectados, porque esta decisión de la ‘Tarea Ordenamiento’ implementada a inicios del año 2021, se toma en uno de los momentos más críticos que afronta la sociedad cubana, en medio de las consecuencias gravísimas de la pandemia, y esto repercute en un aumento del costo de la vida, en una mayor inflación, en una dolarización de la economía”, apuntó Acosta.
Muchos de los ancianos en Cuba no tienen acceso a ninguna moneda extranjera, que suelen ingresar al país por envíos de familiares en el extranjero. El gobierno cubano decidió vender la mayor variedad de alimentos y medios de la canasta básica en tiendas que comercializan los productos en Moneda Libremente Convertible (MLC), profundizando así una brecha social ya existente,
En tal sentido, la socióloga comentó que la puesta en marcha del “ordenamiento”, lejos de conseguir mejoras, ha tenido resultados catastróficos para los ancianos cubanos, que se incluyen en los sectores con mayor riesgo de vulnerabilidad social.
“Por supuesto, todo esto implica una disminución del valor real de la pensión que reciben las personas mayores que si bien había aumentado con esta tarea, por el impacto de todas estas otras medidas económicas ese aumento, sencillamente, no se refleja en un mayor poder adquisitivo por parte de las personas mayores, en su gran mayoría”, dijo.
“Hay que contar también que, en el contexto de la pandemia, muchos de estos servicios cerraron. Todo esto contribuyó a que los apoyos brindados de parte del Estado fueran bastante reducidos. En consecuencia, esto ha implicado un empobrecimiento superior de la población adulta mayor y por lo tanto también un mayor riesgo de vulnerabilidad social”, agregó.
Por otra parte, Acosta señaló que, a consecuencia del “ordenamiento”, se “encarecieron los servicios de atención a la familia, en particular los comedores (del Sistema de Atención a la Familia), absolutamente importantes para las personas mayores”.
Los datos oficiales exponen que en Cuba el 20,8% de la población tiene 60 años de edad y más. Se espera que, para el 2025, represente el 25% de la población total y, para el 2030, el 30% de los habitantes pertenezca a dicho sector, lo que ubicaría al país como uno de los más envejecidos del continente.
En las últimas semanas, la población más vulnerable del país, sobre todo, ha sufrido irregularidades en la distribución de la canasta básica a través de la libreta de abastecimiento. Los atrasos en las entregas de los productos fueron atribuidos por el gobierno a la falta de materias primas, que llegan importadas a Cuba.
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