La Justicia argentina solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, actualmente detenido en territorio estadounidense, para que sea investigado en una causa por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su permanencia en el poder.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Ramos, quien instruye un expediente iniciado en 2023 a partir de denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales en representación de ciudadanos venezolanos. El pedido de extradición deberá canalizarse a través de la Cancillería argentina, conforme al tratado bilateral vigente entre ambos países.
En su resolución, el magistrado ordenó librar un exhorto internacional a las autoridades estadounidenses con el objetivo de que Maduro sea puesto a disposición de la Justicia argentina para ser indagado. La decisión se conoció tras confirmarse que el exgobernante fue detenido a comienzos de enero en el marco de una operación encabezada por Estados Unidos y trasladado bajo custodia a ese país.
Argentina cuenta con antecedentes en la aplicación del principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales nacionales a investigar delitos de lesa humanidad aunque hayan sido cometidos fuera de su territorio. Este criterio ha sido invocado en diversas causas contra dirigentes extranjeros y es considerado una referencia internacional desde los históricos juicios a los responsables de la última dictadura militar (1976-1983).
No obstante, la mayoría de estos procesos no ha derivado en extradiciones efectivas ni en la comparecencia de los acusados ante tribunales argentinos.
El expediente contra Maduro se centra en hechos ocurridos a partir de 2014, durante las protestas masivas contra su gobierno. Según los denunciantes, en Venezuela se habría implementado un plan sistemático de represión que incluyó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, homicidios y persecución política contra opositores y manifestantes.
Además de Maduro, la causa involucra a otros altos funcionarios del chavismo, entre ellos Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana. La denuncia fue impulsada por el Foro Argentino en Defensa de la Democracia (FADER) y la Fundación Clooney para la Justicia.
En septiembre de 2024, una corte federal argentina ya había ordenado la captura internacional de los imputados. Tras conocerse la detención de Maduro, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó de inmediato que se activara el pedido de extradición, solicitud que ahora fue aceptada por el juez Ramos.
La decisión judicial se produce en un contexto político marcado por el fuerte alineamiento del presidente argentino Javier Milei con la administración de Donald Trump, a quien ha respaldado públicamente tras la intervención estadounidense en Venezuela.
En los últimos años, la Justicia argentina también abrió investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad contra otros líderes extranjeros, como el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta Rosario Murillo, así como causas vinculadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista en España.
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