Cuba comenzó el año con el mayor número de presos políticos registrado hasta la fecha: 1.207 personas privadas de libertad por motivos vinculados a la disidencia. La cifra, verificada por la organización Prisoners Defenders al cierre de enero, refleja un endurecimiento sostenido de la represión en un país golpeado por una crisis sin precedentes, marcada por apagones prolongados, escasez de combustible, deterioro social y un creciente aislamiento internacional.
Solo en el primer mes del año fueron encarceladas 18 personas más, lo que consolida una tendencia al alza que no se limita a momentos de protesta masiva, sino que se ha convertido en una política permanente de control social. Según el informe, la población penitenciaria por causas políticas equivale ya a 923 presos por cada 100.000 habitantes, una proporción alarmante para un país de poco más de once millones de personas.
La represión no se manifiesta únicamente en detenciones visibles. Uno de los ejes centrales del actual aparato de control es la vigilancia sistemática de las redes sociales. Plataformas como Facebook o WhatsApp se han convertido en espacios de alto riesgo, donde una crítica al Gobierno o una denuncia de los problemas cotidianos puede derivar, en cuestión de horas, en citaciones policiales, arrestos o procesos penales.
Entre los casos recientes figura el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, un joven de 23 años detenido violentamente en La Habana tras transmitir en directo críticas al régimen. Según Prisoners Defenders, su arresto se realizó sin orden judicial y con uso excesivo de la fuerza. Ankeily, que vive con VIH y padece epilepsia y problemas de salud mental, permanece incomunicado y sin acceso adecuado a medicamentos, acusado de “propaganda contra el orden constitucional” sin que se haya celebrado juicio.
Situaciones similares se repiten en otras provincias. En Santiago de Cuba, jóvenes como Enrique Ramos Bosch fueron detenidos tras denunciar los apagones y cuestionar públicamente al gobernante Miguel Díaz-Canel. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) también han sido arrestados en operativos coordinados, con allanamientos sin órdenes judiciales y denuncias de violencia contra familiares.
El informe alerta además sobre el uso deliberado de la negación de atención médica como forma de castigo. Al menos 463 presos políticos padecen enfermedades graves y 42 presentan trastornos mentales, agravados por el hacinamiento, la mala alimentación y la falta de tratamiento. Casos extremos documentan golpizas, aislamiento prolongado y traslados arbitrarios, incluso en personas con diagnósticos oncológicos o cardiovasculares.
El perfil de los presos es diverso: jóvenes, adultos mayores, artistas, activistas y ciudadanos sin proyección pública. Entre ellos hay 128 mujeres y decenas de personas condenadas por “sedición”, muchas a penas de una década o más. El registro también incluye a detenidos que eran menores de edad al momento del arresto.
(Con información de Infobae)