La aplicación de la conocida como Ley de Nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, está generando un volumen inédito de solicitudes de nacionalidad española en el exterior. Las estimaciones oficiales apuntan a que el número de personas que podrían beneficiarse del proceso supere los 2,3 millones, una cifra muy por encima de precedentes similares.
Aunque todavía no existen datos definitivos, fuentes gubernamentales calculan que más de un millón de solicitantes ya han iniciado formalmente el trámite ante la red consular del Ministerio de Asuntos Exteriores. A ese número se suman alrededor de 1,3 millones de personas que han solicitado cita para comenzar el procedimiento. Hasta ahora, cerca de medio millón de expedientes han recibido una resolución favorable.
El principal escollo del proceso está siendo la saturación administrativa en los consulados, especialmente en países con una fuerte emigración histórica española. Pese a ello, el volumen de solicitudes ya supera ampliamente las cifras registradas durante la vigencia de la Ley de Memoria Histórica de 2007, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que recibió algo más de 503.000 peticiones.
Una de las claves del incremento radica en la ampliación de los supuestos legales. Mientras la norma de 2007 limitaba el acceso a la nacionalidad a hijos y nietos de españoles exiliados, la actual legislación extiende el derecho hasta los bisnietos. Además, el periodo reconocido como causa de exilio se amplía hasta el 28 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución, frente al límite de 1955 que establecía la ley anterior.
El marco legal se sustenta en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce el derecho a la nacionalidad a los nacidos fuera de España con ascendencia española directa que hubiera perdido o renunciado a su ciudadanía como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencias o relacionados con la orientación e identidad sexual. También incluye a los hijos nacidos en el extranjero de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978, así como a los descendientes mayores de edad de quienes ya recuperaron la nacionalidad de origen.
Inicialmente, el plazo para acogerse a esta vía era de dos años desde la entrada en vigor de la ley, pero el Gobierno decidió ampliarlo hasta el 22 de octubre de 2025 ante la avalancha de solicitudes y las dificultades operativas. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que se trata de un procedimiento complejo y que los trámites no siempre resultan ágiles.
Argentina encabeza la lista de países con mayor número de solicitudes, canalizadas a través de sus cinco consulados españoles, reflejo del peso histórico de la emigración española en ese país y del impacto potencial que la norma tendrá en el censo de ciudadanos españoles en el exterior.
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