En Santiago de Cuba, un nuevo caso de represión judicial ha despertado indignación tras conocerse la sentencia contra Julio César Duque de Estrada, condenado a cuatro años y medio de cárcel simplemente por grabar con su teléfono una cola en la vía pública.
ciudadano, lejos de cometer delito alguno, terminó siendo víctima de la violencia de un oficial de la Seguridad del Estado, quien lo agredió para impedirle documentar una situación cotidiana que en ningún país del mundo constituye una falta.
La sanción fue dictada por la jueza santiaguera Irina Díaz Delis, en conjunto con los magistrados Hugo Liens Martínez y Noelia Rodríguez Martínez.
Según la denuncia publicada por el escritor y académico cubano José Raúl Gallego en sus redes sociales, este fallo constituye una clara muestra de cómo la justicia en la isla se pliega a los intereses de la policía política.
Gallego subrayó que, aunque las sentencias se fabrican bajo las órdenes de la Seguridad del Estado, requieren de jueces y fiscales que las ejecuten, lo cual los convierte en piezas fundamentales de la maquinaria represiva.
En muchos casos, explicó, se recurre a magistrados jóvenes, cuya falta de independencia, miedo o complicidad con el régimen los lleva a participar activamente en la comisión de estas injusticias.
“Irina Díaz Delis es una represora. Una persona que con su firma arruinó la vida de un ciudadano que en ningún país del mundo iría a la cárcel por grabar con su teléfono”, escribió Gallego, añadiendo que violaciones como estas no quedarán impunes y deberán responderse tarde o temprano ante tribunales internacionales o, al menos, en las oficinas de migración de aquellos países a los que eventualmente intenten huir quienes hoy sirven dócilmente al castrismo.
El caso de Julio César Duque de Estrada se suma a una larga lista de ejemplos en los que ciudadanos comunes terminan tras las rejas por ejercer derechos básicos como documentar una situación social o expresar una opinión. Mientras tanto, los verdaderos responsables de la crisis económica y política que vive Cuba permanecen intocables, protegidos por un sistema judicial que ha renunciado a su deber de imparcialidad.
La condena a Duque de Estrada refleja no solo la criminalización del derecho a informar en la isla, sino también el profundo deterioro institucional del país, donde los tribunales han dejado de ser un espacio para impartir justicia y se han convertido en herramientas de represión política.
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