Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron recientemente a Bruna Caroline Ferreira, una ciudadana brasileña que mantiene un vínculo familiar indirecto con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Ferreira es la madre del sobrino de Leavitt, según confirmó una fuente familiarizada con el caso y el propio hermano de la funcionaria, Michael Leavitt.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) identificó a Ferreira como una “extranjera ilegal criminal”, señalando que habría permanecido en el país tras vencer su visa de turista B2 en 1999. También la relacionó con un presunto arresto previo por agresión. Actualmente se encuentra detenida en el Centro de Procesamiento de ICE del Sur de Luisiana, en proceso de deportación.
Las autoridades detallaron que la detención forma parte de los esfuerzos intensificados de control migratorio bajo la administración Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem. “Todas las personas presentes ilegalmente en los Estados Unidos están sujetas a deportación”, declaró un portavoz.
Sin embargo, la defensa de Ferreira rechaza categóricamente la versión oficial. Su abogado, Todd Pomerleau, aseguró a WCVB Boston que su clienta “no tiene antecedentes penales” y exige que se presenten pruebas. Afirmó además que Ferreira ingresó legalmente al país, tuvo estatus de DACA y actualmente está en proceso de obtener la residencia permanente. Según Pomerleau, su arresto ocurrió en Massachusetts, tras ser detenida sin orden judicial mientras conducía su vehículo. Ahora deberá enfrentar el proceso en Luisiana, lejos de su domicilio y su red de apoyo.
El caso ha generado un eco político debido a la relación indirecta con Karoline Leavitt, aunque su hermano enfatizó que Ferreira no ha tenido contacto con su hijo desde hace años y que el niño, de 11 años, ha vivido siempre con él en New Hampshire. La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre la situación.
Paralelamente, una campaña de recaudación de fondos lanzada supuestamente por la hermana de Ferreira asegura que ella llegó al país siendo una niña en 1998. En el mensaje, Graziela Dos Santos Rodrigues la describe como una mujer trabajadora, solidaria y dedicada, “la primera en ofrecer ayuda cuando alguien la necesita”.
El caso expone dos versiones completamente opuestas: la del gobierno federal, que la presenta como una inmigrante con historial criminal y una violación migratoria de décadas, y la de su defensa, que sostiene que se trata de una madre trabajadora con trayectoria legal en el país, actualmente inmersa en un proceso para obtener residencia.
Fuente: ABC News
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