La presión judicial estadounidense sobre el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha entrado en una nueva fase. Según fuentes vinculadas a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la Justicia de Estados Unidos evalúa seriamente abrir un proceso penal contra el exmandatario, a quien consideran un posible “colaborador necesario” del régimen de Nicolás Maduro. Este impulso responde a las recientes declaraciones del exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal, extraditado a EE. UU. en 2023 y convertido en pieza clave para desentrañar las conexiones internacionales del chavismo.
Carvajal —antiguo jefe de la Inteligencia militar venezolana— se encuentra a la espera de sentencia, prevista para el 12 de febrero, tras haberse declarado culpable de delitos de narcotráfico y narcoterrorismo asociados al llamado Cártel de los Soles. En las últimas semanas, su cooperación con las autoridades estadounidenses ha tomado un cariz decisivo: ha aportado lo que los investigadores califican como “información sólida y precisa” sobre presuntos pagos que Zapatero habría recibido a través de la estatal petrolera PDVSA durante sus múltiples gestiones políticas en Caracas.
Estas revelaciones no solo apuntan a un posible flujo de fondos procedentes del chavismo, sino también a una supuesta red de intermediarios financieros que, de acuerdo con Carvajal, operaban bajo la tutela de Jorge Rodríguez, uno de los hombres de mayor confianza de Maduro. Las autoridades estadounidenses ya han solicitado colaboración a España para verificar los movimientos patrimoniales del exmandatario y otros elementos que refuercen la investigación.
La causa que involucra a Zapatero se entrelaza con la demanda presentada en agosto en un tribunal de Florida en aplicación de la Ley Rico, diseñada para perseguir estructuras criminales complejas vinculadas al narcotráfico y la corrupción. Esta normativa permite rastrear a todas las personas relacionadas con los investigados, entre los que figuran Nicolás Maduro, su vicepresidenta Delcy Rodríguez y otros altos miembros del Gobierno venezolano. La información entregada por Carvajal habría reforzado la intención de Estados Unidos de determinar si Zapatero actuó como facilitador de operaciones financieras u otros movimientos que fortalecieron al régimen bolivariano.
El volumen de documentación aportado por Carvajal ha sido tal que su propia sentencia ha sido aplazada en dos ocasiones. El exgeneral confía en que su cooperación le permita evitar la cadena perpetua y cumplir condena en una prisión estatal —considerada más benigna que una federal—, por lo que continúa proporcionando datos que, según las fuentes judiciales, están resultando “determinantes”.
Si finalmente se abre un proceso penal contra el expresidente español, las consecuencias serían inéditas: desde el embargo de bienes hasta la eventual emisión de una orden internacional de arresto. Paralelamente, el Departamento de Estado analiza qué tipo de sanciones económicas podrían aplicarse a Zapatero, valorando desde medidas moderadas hasta un “castigo ejemplarizante”. La decisión dependerá, entre otros factores, del impacto que pueda tener en las relaciones bilaterales entre Washington y Madrid.
Régimen cubano preocupado ante las medidas de Estados Unidos contra gobierno de Maduro
Hace 17 horas
Pollito Tropical regresa triunfal a “La Casa de Alofoke 2” tras una semana de ausencia
Hace 13 horas