Una grave denuncia ciudadana publicada en la página de Facebook La Tijera ha sacado a la luz presuntos hechos de corrupción, abuso de poder y enriquecimiento ilícito en la Base de Campismo Popular “Carenerito”, ubicada en el municipio Frank País, en la provincia de Holguín.
Según el testimonio anónimo, varios funcionarios de la instalación disfrutan de privilegios y lujos completamente ajenos a la realidad que vive la mayoría del pueblo cubano. Entre los señalados destacan Alexis Sánchez, director del campismo, y Salvador Martínez Mesa, su segundo al mando, ambos propietarios de motos de cuatro tiempos y con un estilo de vida elevado que no concuerda con sus salarios en el sector estatal.
La denuncia también menciona a Ever Rafael Obrero Mustelier, responsable económico de la base, quien además estaría vinculado a una MIPYME con supuestas intenciones de arrendar parte del campismo para intereses privados. Yamila Mesa, identificada como colaboradora directa en las irregularidades, y el jefe de mantenimiento, también figuran entre los implicados.
De acuerdo con la publicación, mientras estos funcionarios gozan de comodidades y manejan recursos públicos con fines personales, los visitantes del campismo deben pagar precios exorbitantes, como 440 pesos por una libra de arroz. “¿Cómo es posible que un jubilado que cobra apenas 1,528 pesos al mes pueda disfrutar de este tipo de servicios?”, se cuestiona el denunciante.
Un aspecto que ha generado especial indignación entre los usuarios que comentaron la publicación es que todos los implicados estarían vinculados activamente al Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) o el Ministerio del Interior (MININT). Según la denuncia, estas personas no solo ocupan cargos administrativos, sino que también son los primeros en exigir lealtad política a los demás trabajadores: los obligan a participar en marchas, actos oficiales y otras actividades propagandísticas, muchas veces bajo amenaza de perder sus empleos.
“Una vez más, la doble moral: mientras predican sacrificio y compromiso revolucionario, viven como reyes a costa del pueblo”, dice el texto compartido en redes sociales, el cual ha sido replicado por decenas de usuarios.
La publicación también señala que los perfiles en redes sociales de los acusados están restringidos o son privados, supuestamente para ocultar sus privilegios y evitar el escrutinio público. Sin embargo, muchos residentes del municipio aseguran conocer de primera mano las diferencias abismales entre el nivel de vida de estos funcionarios y el del resto de la población.
Este caso se suma a una larga lista de denuncias similares en instituciones estatales, donde la corrupción y el privilegio parecen estar reservados para quienes ostentan cargos y conexiones políticas, mientras la mayoría del pueblo apenas sobrevive.
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