La Feria de La Güinera, uno de los espacios comerciales más concurridos de la capital cubana, se ha convertido en escenario de una preocupante cadena de abusos, extorsiones y prácticas corruptas ejercidas por inspectores de Comercio, según denuncias recibidas por La Tijera.
Trabajadores y vendedores del recinto afirman que estos funcionarios mantienen un esquema sistemático de presión y cobro ilegal que les permite operar con total impunidad.
De acuerdo con múltiples testimonios, los inspectores exigen a los vendedores el pago de una “cuota obligatoria” cada semana para permitirles continuar trabajando.
Este pago, que no está contemplado en ninguna regulación oficial, se ha convertido en una suerte de impuesto clandestino que los cuentapropistas deben afrontar si quieren evitar represalias.
Quienes se niegan a entregar el dinero denunciaron ser víctimas de un repertorio de castigos que incluye multas arbitrarias, reportes malintencionados, cierres forzosos de sus puestos e incluso amenazas personales.
Los trabajadores aseguran que estas acciones se ejecutan “a plena luz del día” y que la red de corrupción opera desde hace tiempo sin que ninguna autoridad intervenga.
La situación es especialmente grave en el contexto actual: los cuentapropistas de La Güinera ya enfrentan una crisis económica extrema, marcada por la escasez de alimentos, la inflación y la caída del poder adquisitivo.
Para muchos, la feria es su única fuente de sustento; sin embargo, se encuentran atrapados entre la necesidad de trabajar y el miedo a las represalias de los inspectores corruptos.
“Mientras el pueblo lucha por llevar comida a sus casas, estos funcionarios usan su poder para robarle al que trabaja honradamente”, denuncia uno de los afectados, que prefirió mantener el anonimato por temor a sufrir un cierre definitivo de su puesto.
Las quejas coinciden en un punto: no existe protección para los trabajadores.
Presentar una denuncia formal implica exponerse a más represalias, y los inspectores parecen operar con la confianza de que nada ni nadie supervisa sus acciones.
Según el perfil que denuncia "la corrupción institucionalizada afecta directamente al ciudadano común y profundiza la precariedad en uno de los barrios más vulnerables de La Habana".
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