El Ministerio del Interior (MININT) informó este jueves sobre el desmantelamiento de una red de tráfico de divisas que operaba en Villa Clara, Sancti Spíritus y Las Tunas, con financistas radicados en Estados Unidos y España. Según la versión oficial, los flujos de dinero alcanzaban “cientos de millones de pesos semanales” fuera del sistema bancario.
En paralelo, la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y Radio Rebelde divulgaron que el país desarrolla alrededor de un centenar de procesos investigativos vinculados al mercado informal de divisas, confirmando una ofensiva coordinada contra estos circuitos financieros.
De acuerdo con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el supuesto organizador de la red en Villa Clara manejaba desde 2023 flujos semanales de entre 20 y 30 millones de pesos, con receptores mayoristas en las tres provincias implicadas. El esquema descrito corresponde a una compensación financiera internacional: financistas en el exterior captaban remesas de cubanos y empleaban esos fondos para pagar importaciones de actores no estatales en la Isla; a su vez, los importadores liquidaban en moneda nacional y dólares al organizador y sus mensajeros, quienes entregaban el efectivo a los destinatarios finales de las remesas.
El teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del MININT, precisó que los márgenes de ganancia rondaban entre 6 y 8%, reflejo de la inestabilidad del mercado informal y de las pugnas entre actores que compiten en ese espacio.
La estructura incluía dos operadores en Santa Clara, otros dos responsables de la distribución hacia Sancti Spíritus —en particular el municipio de Trinidad— y Las Tunas. Rivero Crespo indicó que se constataron flujos de cientos de millones de pesos semanales, con recaudaciones dos veces por semana, y que hasta el momento hay cinco personas imputadas y al menos cuatro formas de gestión no estatal vinculadas a la cadena investigada.
El caso no es aislado. Tanto ACN como Radio Rebelde señalan que el MININT mantiene otros dos procesos similares: uno en Pinar del Río y otro en La Habana, ambos con cifras millonarias. En esas causas aparece la figura del “traficante de divisas”: individuos que, desde su domicilio, ofrecen servicios de canje y recanje de grandes volúmenes de efectivo en pesos y moneda libremente convertible.
Rivero Crespo aseguró que el país avanza en el desarrollo de un centenar de procesos investigativos a nivel nacional relacionados con el tráfico ilegal de divisas. Desde el perfil de la PNR en Facebook, Héroes de Azul en Cuba, se sostiene que estos flujos “generan presiones inflacionarias, reducen la capacidad recaudatoria del Estado y afectan a los actores económicos que operan legalmente”.
En su cruzada contra el mercado informal, el régimen ha responsabilizado al medio El Toque por supuestamente influir en la tasa de cambio del dólar en la Isla, y ha advertido de investigaciones contra 18 periodistas vinculados a esa plataforma.
Pese a la abundancia de calificativos —“esquema delictivo”, “tráfico ilegal de divisas”, “traficante de divisas”—, las notas oficiales omiten información clave: no se detallan los montos efectivamente decomisados, el destino de las remesas familiares comprometidas ni los mecanismos para garantizar que lleguen a sus destinatarios. Tampoco se precisa el tipo exacto de delitos imputados ni la situación procesal de los investigados.
La insistencia en presentar estos esquemas como amenaza macroeconómica contrasta con la ausencia de un análisis de fondo sobre las políticas que han empujado remesas y operaciones hacia el mercado informal: devaluaciones, múltiples tipos de cambio, restricciones bancarias y fallos de oferta estatal, mencionados solo de forma tangencial en la narrativa oficial sobre la “fragilidad” del mercado.
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