Miles de ciudadanos en América Latina, especialmente en países como Cuba, Argentina, Venezuela y México, han encontrado una vía legal para obtener la ciudadanía española gracias a la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, el proceso se ha vuelto un calvario para muchos debido a problemas técnicos, demoras y un sistema de citas colapsado que impide a los solicitantes avanzar en sus trámites.
La ley, también conocida como "Ley de Nietos", entró en vigor en 2022 con una vigencia inicial de dos años, extendida luego por un año más. Ahora, su vencimiento está previsto para el 21 de octubre de 2025, lo que ha generado preocupación entre quienes aún no han podido iniciar o completar su expediente debido a las fallas del sistema.
Ante esta situación, una petición ciudadana publicada en la plataforma Change.org solicita al rey Felipe VI, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y a los ministerios competentes que se prorrogue nuevamente la ley y se tomen medidas urgentes para resolver los obstáculos que impiden su aplicación efectiva.
Uno de los países más afectados es Cuba, donde las limitaciones de conectividad, la crisis energética y la falta de recursos en el Consulado General de España en La Habana han creado un cuello de botella que impide a miles de personas acceder a sus derechos. La congelación del sistema de credenciales y la imposibilidad de obtener una cita son los principales reclamos, según testimonios difundidos en redes sociales.
La petición subraya que la ley ha sido un paso significativo para reparar la memoria histórica de los descendientes de españoles, pero advierte que el mal funcionamiento del sistema electrónico de credenciales y turnos podría dejar fuera a miles de solicitantes. “Quienes no consigan una cita antes del 21 de octubre de 2025 podrían perder el derecho garantizado por la ley”, advierten los promotores de la iniciativa.
El texto también exige una revisión profunda del sistema digital y la implementación de mecanismos alternativos para personas con problemas de acceso a internet o con dificultades técnicas. Además, se solicita reforzar los consulados con más personal y recursos, especialmente en países como Cuba, donde la demanda ha sobrepasado la capacidad de atención.
En mayo pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores español anunció la puesta en marcha de un nuevo sistema de turnos. Sin embargo, hasta la fecha, dicho sistema no ha sido implementado, aumentando la incertidumbre entre los solicitantes y alimentando redes informales de venta de citas, que deberían ser gratuitas.
“La memoria democrática no debe ser solo un documento legal. Debe garantizar el acceso real y equitativo a los derechos que promete. No puede haber justicia a medias en un país que busca reconciliarse con su pasado”, concluye la petición, que sigue abierta a nuevas firmas. Mientras tanto, crece el clamor por una extensión que permita concluir todos los procesos en curso sin exclusiones por causas administrativas.
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