Un juez federal en San Francisco, P. Casey Pitts, ordenó una suspensión temporal de las detenciones que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vienen realizando a inmigrantes que asisten a audiencias en cortes migratorias del norte de California. La orden responde a una demanda presentada por solicitantes de asilo que fueron arrestados después de acudir a sus citas judiciales, y busca proteger el debido proceso legal de las personas en procedimiento de inmigración.
Según el magistrado, la práctica implementada por ICE representa una “privación de libertad física y de derechos constitucionales” que ha causado un daño irreparable a quienes enfrentan procesos de deportación. La orden afecta a las cortes federales en ciudades como San Francisco, Sacramento y Concord, así como a casos bajo la jurisdicción de ICE en Hawái, Guam y Saipán.
El juez sostuvo que las detenciones en este contexto colocan a los inmigrantes ante una elección imposible: asistir a la audiencia y arriesgarse a ser arrestados, o no presentarse y sufrir una deportación automática por ausencia. Este “efecto disuasorio” ha llevado a una caída significativa en la participación en las audiencias, socavando el sistema de justicia migratoria y el derecho de los solicitantes a defender sus casos.
La práctica de arrestar a personas justo después de salir de una corte, aunque no es nueva, se intensificó este año tras un cambio de política federal que eliminó restricciones previas que limitaban estas detenciones solo a individuos que representaban una amenaza a la seguridad pública. Antes, bajo directrices más restrictivas, las detenciones en cortes eran raras y solo ocurrían en circunstancias muy específicas.
La comunidad legal y defensores de inmigrantes argumentan que la política de ICE “enfriaba” la asistencia a las cortes y vulneraba la capacidad de los no ciudadanos para litigar sus casos de asilo u otras formas de alivio migratorio. La decisión judicial reconoce estos argumentos, al tiempo que considera que la agencia no explicó razonadamente el cambio de política, lo que podría contravenir la Ley de Procedimiento Administrativo.
La orden es temporal y se mantendrá mientras el caso continúa, con una audiencia clave programada para enero. La administración del presidente Trump planea apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, lo que podría elevar el debate legal sobre el alcance de las detenciones en torno a las cortes migratorias.
Esta medida marca un revés importante para las políticas migratorias más agresivas del gobierno federal y representa una victoria significativa para los defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
Fuente: Newsroom.courts.ca.gov
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