Desde julio de 2021, Cuba permite la libre importación de medicamentos como equipaje acompañado, sin límite de peso y sin el pago de aranceles en Aduana. Esta exención, que ha sido prorrogada en varias ocasiones, tiene actualmente como fecha de vencimiento el 31 de enero de 2026, y beneficia tanto a cubanos como a extranjeros que viajan a la Isla.
La medida fue adoptada tras las protestas masivas de 2021, en pleno contexto de pandemia, como una respuesta de emergencia a la escasez crónica de fármacos en el sistema de salud pública. Desde entonces, la importación informal se ha convertido en la principal vía de acceso a medicamentos para miles de familias cubanas.
Sin embargo, el escenario actual es aún más complejo. Cuba atraviesa una epidemia de arbovirosis, con dengue y chikungunya extendidos por gran parte del país, impulsados por la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Datos oficiales reconocen decenas de miles de contagios y al menos 55 fallecidos, todo ello en un sistema sanitario desabastecido y sin capacidad de respuesta suficiente.
En ese contexto, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) lanzó en las últimas horas una alerta pública sobre el crecimiento del mercado ilegal de medicamentos, advirtiendo que esta situación podría comprometer la continuidad de la libre importación.
Según Cristina Lara Bastanzuri, directora de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Minsap, existe una creciente preocupación por la comercialización informal de fármacos que ingresan al país sin control sanitario. “Los medicamentos que ingresan a través de estos canales pueden estar en condiciones inadecuadas, comprometiendo su calidad y seguridad”, afirmó.
El mercado negro ha disparado los precios hasta niveles inalcanzables, con medicamentos que llegan a costar hasta veinte veces su valor original. A ello se suma el riesgo de productos falsificados, vencidos o mal almacenados, que pueden perder efectividad o incluso causar daños graves a la salud.
Las autoridades reconocieron además otro problema sensible: el desvío de medicamentos desde el propio sistema estatal. “Puede haber medicamentos que salgan de la producción de los laboratorios nacionales o de las droguerías del sistema de salud”, admitió Lara Bastanzuri, confirmando irregularidades internas que alimentan el mercado ilegal.
En coordinación con el Ministerio del Interior, el Minsap ha realizado operativos contra estas prácticas. Hasta octubre de 2025, se reportaron más de 33 incidentes graves relacionados con robos y desvíos de fármacos.
Por su parte, Maylin Beltrán Delgado, jefa del Departamento de Farmacias y Ópticas del Minsap, recordó que la venta fuera de farmacias autorizadas constituye un delito. “Cualquier acción fuera de este contexto es ilegal y representa un grave riesgo para la salud pública”, subrayó.
Aunque la libre importación fue concebida para autoconsumo y ayuda familiar, la magnitud de la escasez ha convertido esta vía en un negocio para muchos. Ahora, la advertencia oficial abre un debate inquietante: si el Estado no garantiza el acceso a medicamentos, pero restringe la única alternativa real, ¿quién paga el costo? La respuesta, una vez más, parece recaer sobre los pacientes.
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