Otra historia que golpea por su crudeza ha sacudido las redes sociales y vuelto a poner en evidencia la fragilidad de la protección social en Cuba. Se trata del testimonio de una madre cubana de 73 años que denunció haber quedado completamente desamparada tras perder su vivienda por el paso del huracán Melissa. Su frase, directa y sin dramatismos, resume la magnitud del problema: “Estamos viviendo a la intemperie”.
La denuncia fue difundida en Facebook por el periodista Mario J. Pentón y rápidamente generó una ola de reacciones. El caso revela no solo la devastación causada por un evento natural, sino también el colapso de los mecanismos estatales de atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
La mujer, con múltiples problemas de salud, vive junto a sus dos hijas. Una de ellas presenta discapacidad intelectual y dio a luz el pasado 2 de diciembre a una bebé con bajo peso. Tres generaciones —abuela, hija y nieta— sobreviven hoy sin un techo seguro y sin respaldo institucional.
La situación se agravó con el nacimiento de la niña. La abuela explicó que se vio obligada a abandonar su trabajo para cuidar a su hija durante el embarazo y, ahora, para atender a la recién nacida. Esa decisión, impuesta por la necesidad, terminó de desestabilizar la economía familiar.
Poco después, el huracán arrasó con lo poco que tenían. Techo y paredes quedaron destruidos. Según el testimonio, tras meses de espera no ha llegado ninguna solución: ni evaluación técnica, ni entrega de materiales, ni una respuesta concreta por parte de las autoridades.
El drama se profundiza por un obstáculo burocrático frecuente en la isla: la familia no posee aún la propiedad legal de la vivienda. Lleva tres años intentando completar los trámites sin éxito. Al no contar con la llamada “ficha técnica”, las instituciones les niegan el acceso a programas de ayuda o materiales de construcción.
En la práctica, la casa se derrumbó, pero para el sistema administrativo el problema “no existe”. Una trampa burocrática que deja a familias enteras en el limbo, obligadas a sobrevivir sin protección.
La anciana relata un peregrinaje agotador por oficinas estatales, donde solo recibe evasivas y promesas vacías. “Espere”, “vuelva mañana” o “eso no depende de nosotros” han sido las respuestas constantes. El desgaste físico y emocional es evidente.
El mayor temor de la mujer es la salud de su nieta. Duermen prácticamente al aire libre, expuestos al sol durante el día y al sereno en las noches, sin paredes ni techo que los resguarden. “Estoy cansada y preocupada”, confiesa.
El testimonio provocó indignación entre usuarios dentro y fuera de Cuba. Muchos denunciaron la ineficiencia gubernamental y la falta de sensibilidad institucional ante casos extremos. Otros recordaron que las ayudas y donaciones para damnificados suelen perderse, desviarse o nunca llegar a quienes realmente las necesitan.
También se repitió una idea cada vez más común: para muchas familias cubanas, las redes sociales se han convertido en el último recurso, la única vía para visibilizar su situación y esperar ayuda desde el exterior cuando el Estado no responde.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio la gestión gubernamental ante desastres naturales, la lentitud en la legalización de viviendas y el acceso desigual a recursos básicos. Mientras tanto, ancianos, madres y niños siguen viviendo literalmente a la intemperie, aguardando una ayuda que no llega.
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