El gobierno de Texas aprobó nuevas restricciones dentro del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o bonos de comida. Esta medida, impulsada a través del Proyecto de Ley 379 del Senado, busca limitar el acceso a alimentos considerados poco saludables.
La norma prohíbe específicamente la compra de bebidas azucaradas y una amplia variedad de dulces. Estas restricciones, aunque respaldadas por autoridades estatales y federales, han generado un debate nacional sobre los derechos y necesidades de las familias de bajos ingresos.
Según la definición incluida en el proyecto, se prohíbe la compra de bebidas no alcohólicas que contengan cinco gramos o más de azúcar añadido o edulcorantes artificiales. Esto incluye refrescos populares como Coca-Cola, Pepsi, Sprite, bebidas energéticas como Red Bull y bebidas deportivas como Gatorade y Powerade. También se restringen productos como barras de chocolate, caramelos, gomitas, chicles y dulces con relleno. Quedan exceptuados los jugos naturales y bebidas lácteas.
La medida afectará directamente a más de tres millones y medio de personas en Texas que actualmente dependen del SNAP. Algunos estados como Iowa, Nebraska e Indiana ya han puesto en marcha iniciativas similares.
La Comisión de Salud y Servicios Humanos del estado trabajará en conjunto con los minoristas para aplicar la normativa. Aunque los defensores de la ley argumentan que esta decisión fomentará mejores hábitos alimenticios, los críticos advierten que muchas familias verán reducida su capacidad de elegir libremente sus alimentos, lo que podría generar más estigmatización y dificultades cotidianas.
El recorte del treinta por ciento al SNAP, además de estas restricciones, ha impactado de manera drástica en los sectores más vulnerables, especialmente los refugiados y solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Esta reducción presupuestaria ha dejado sin cobertura a miles de personas en situación migratoria irregular que dependen del apoyo gubernamental para subsistir.
Con la Orden Ejecutiva 14159, firmada el 19 de febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump endureció aún más el acceso a estos beneficios. La normativa titulada Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión ordena a las agencias federales eliminar los apoyos otorgados a migrantes indocumentados.
Al finalizar el año fiscal 2024, más de 41.7 millones de estadounidenses recibían ayuda del SNAP, con un promedio mensual de 188 dólares por persona, cifra que apenas cubre lo esencial en un contexto de alta inflación. Las nuevas restricciones y recortes agudizan la situación de millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria diariamente.
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