Las autoridades cubanas insistieron nuevamente en responsabilizar a factores externos del crecimiento del consumo y la circulación de drogas en la Isla. Esta vez, el argumento se apoyó en un operativo anunciado este viernes contra una presunta red dedicada a producir y distribuir “químico”, el cannabinoide sintético que ha ganado notoriedad por su impacto entre adolescentes y jóvenes.
Según la versión divulgada por medios oficiales, la estructura delictiva estaría coordinada desde Florida y se apoyaría en residentes en Cuba para mover la droga, una línea que coincide con el discurso institucional reciente, centrado en atribuir el fenómeno a “influencias externas”.
Arnaldo Ramos, jefe de sección del Órgano Especializado de Investigación Criminal del Ministerio del Interior, afirmó en la televisión estatal que los estupefacientes —descritos como una mezcla procesada en forma de crema— habrían entrado al país mediante “paquetería ilegal por vía aérea”, ocultos en envases de yogur, gelatina, suplementos alimenticios y medicamentos. El funcionario sostuvo además que La Habana ha informado “oportunamente” a Washington sobre personas en Estados Unidos que presuntamente intentan impulsar el tráfico hacia Cuba, pero alegó que “los casos quedan sin respuesta”.
El pronunciamiento llega en un momento en el que el propio Gobierno ha tenido que reconocer, por primera vez en años, que el consumo de drogas sintéticas se ha extendido y diversificado, con especial incidencia entre jóvenes de corta edad. En reportes recientes se habla de un mercado en crecimiento de distintas variantes del “químico”, elaboradas con sustancias importadas y procesadas de forma clandestina en viviendas, un fenómeno que durante mucho tiempo apenas aparecía en el relato oficial.
Sobre el operativo de esta semana, el jefe del Órgano Antidrogas, Yoan Saporta, informó la detención de 24 personas procesadas por delitos vinculados al narcotráfico. Además de la sustancia, se reportó la ocupación de jeringuillas, guantes, bandejas, mascarillas y acetona, señalada como uno de los insumos utilizados para la elaboración del “químico”. También fueron confiscados vehículos, inmuebles y 11 millones de pesos, una cifra que, al tipo de cambio oficial, equivaldría a 91.600 dólares, aunque en el mercado informal se ubicaría muy por debajo de ese monto.
La operación fue presentada como parte de la política de “tolerancia cero” que altos funcionarios reiteraron a inicios de diciembre, al tiempo que rechazaban que Cuba sea un país productor o de tránsito de narcóticos. Ese discurso se articula, además, con el contexto regional: en paralelo, Estados Unidos ha reforzado acciones en el Caribe contra el tráfico de drogas, un protagonismo que el Gobierno cubano interpreta como presión geopolítica sobre aliados, especialmente el de Nicolás Maduro en Venezuela.
En el plano interno, el endurecimiento también se refleja en el uso creciente de los llamados “juicios ejemplarizantes”, una práctica ampliamente difundida por la prensa estatal durante el último año. Entre los casos mencionados recientemente figura la condena de un joven a 15 años de prisión por la posesión y venta de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas, una sanción que contrasta con estándares internacionales y se ampara en un marco penal que contempla castigos de entre 4 y 30 años, prisión perpetua e incluso la pena de muerte.
Pese a que se reconoce —con retraso— el avance de los sintéticos, el control informativo sigue siendo parte del enfoque. Mientras el Ministerio del Interior presenta cada intervención como un golpe decisivo al narcotráfico, la expansión sostenida de estas drogas sugiere un fenómeno más extendido y menos contenible de lo que admite el discurso oficial.