Un operativo realizado el viernes en las inmediaciones del mercado de 17 y K, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, volvió a poner el foco sobre uno de los puntos más conocidos por la presencia de vendedores informales en la capital.
Según la información divulgada por medios oficiales, la Policía y la Dirección Integral de Supervisión y Control decomisaron cuatro carretillas a vendedores sin licencia y aplicaron diez multas que, en conjunto, sumaron 173.000 pesos.
Durante la acción fueron confiscadas cantidades importantes de productos agropecuarios, entre ellos col, tomate, malanga, pimiento, cebolla, plátano, guayaba, aguacate y otros alimentos. Las autoridades presentaron el operativo como un “control popular contra ilegalidades”, fórmula habitual con la que se describen intervenciones dirigidas a frenar la reventa y sancionar supuestas violaciones de las normas de comercialización.
El episodio ocurre en un escenario marcado por la escasez persistente, la pérdida acelerada del poder adquisitivo y la incapacidad del circuito estatal para sostener una oferta estable. En ese vacío, los vendedores informales se han convertido —para muchos consumidores— en una alternativa práctica, aunque más cara y expuesta a controles.
La intervención se inscribe, además, en una etapa de fiscalización reforzada desde finales de septiembre, cuando el gobierno de La Habana intentó imponer topes de precios a varios productos agropecuarios. Aquella regulación, anunciada como respuesta al encarecimiento de los alimentos, mostró rápidamente su fragilidad: en los mercados los precios siguieron por encima de lo establecido, mientras los vendedores alegaban costos crecientes de producción y transporte, dificultades para conseguir insumos y el efecto del dólar en el mercado informal.
Desde entonces, el control y la sanción han sido la principal vía para intentar imponer la normativa. Las multas y decomisos aumentan, pero no se observa una caída sostenida de los precios ni una mejora clara en la oferta. Para productores y comerciantes, colocar mercancía a tarifas “tope” resulta inviable si continúan subiendo el combustible, los fertilizantes, la mano de obra y la logística, y si el acceso a divisas sigue siendo limitado.
El operativo en 17 y K también recuerda lo ocurrido el 4 de diciembre en el mercado de 100 y Boyeros, uno de los grandes centros de intercambio informal de La Habana. Tras una redada amplia, el lugar permaneció varios días bajo vigilancia, con actividad comercial visiblemente reducida: puestos vacíos, mercancía incautada y vendedores sometidos a controles constantes.
Episodios como ese subrayan el doble papel de estos espacios: son perseguidos por operar fuera de la legalidad, pero al mismo tiempo funcionan como válvula de escape ante la falta de productos en el circuito oficial. Cuando la presión aumenta, la oferta suele encogerse, la demanda se mantiene y los consumidores terminan pagando más o desplazándose a otros puntos para conseguir alimentos, aseo e incluso medicamentos.
En el caso de este viernes, el decomiso de carretillas y las sanciones económicas golpean directamente a pequeños revendedores que trabajan, muchas veces, en condiciones de pura subsistencia, mientras el problema estructural del abastecimiento permanece intacto.
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