A partir del 1 de enero de 2026, Texas dará un nuevo paso en su dura política migratoria con la entrada en vigor del Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), una medida que obligará a los alguaciles de los condados con cárceles a cooperar de forma directa y estructurada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La ley marca un punto de inflexión, pues institucionaliza la colaboración bajo el controvertido programa federal 287(g), ampliando el rol de las autoridades locales en tareas propias de inmigración.
La SB-8 no solo exige cooperación formal, sino que incentiva esa participación mediante subvenciones que oscilan entre 80,000 y 140,000 dólares. Con ese dinero, los condados podrán capacitar a sus agentes, implementar protocolos y asumir funciones que tradicionalmente recaían en el gobierno federal.
Para sus defensores, la medida fortalece la seguridad pública y permite identificar a personas con antecedentes criminales. Para sus críticos, abre la puerta a abusos, detenciones arbitrarias y un clima de miedo que afectará a comunidades enteras.
El eje central de la ley es el programa 287(g), un mecanismo legal que permite a ICE delegar funciones específicas de inmigración a policías estatales y locales bajo su supervisión. Aunque fue pausado en 2012 tras denuncias de redadas indiscriminadas y perfilamiento racial, el programa ha sido reactivado y expandido en los últimos años. Texas apuesta fuerte por este esquema, alineándose con una visión de “mano dura” que prioriza la expulsión de inmigrantes indocumentados.
Dentro del 287(g) existen varios modelos operativos. El más común es el Jail Enforcement Model, enfocado en personas detenidas en cárceles locales con cargos criminales. También está el modelo Task Force, que permite a agentes locales ejercer autoridad migratoria limitada durante patrullajes rutinarios, y el programa de Oficiales de Servicio de Ordenanzas, que autoriza a ejecutar órdenes administrativas de ICE dentro de las cárceles.
Cada uno amplía el alcance del control migratorio más allá de las fronteras y los puertos de entrada.
Las organizaciones de derechos civiles advierten que la SB-8 podría traducirse en una mayor discriminación racial, donde personas sean detenidas o investigadas por su apariencia, acento o lugar de residencia, sin importar si son ciudadanos o residentes legales. Señalan, además, que la cooperación forzada rompe la confianza entre comunidades inmigrantes y la policía local, haciendo que muchas víctimas de delitos eviten denunciar por miedo a la deportación.
Mientras tanto, el gobierno de Texas defiende la ley como una herramienta necesaria para “restaurar el orden” y apoyar el cumplimiento de las leyes federales. El debate está servido. Lo cierto es que, con la SB-8, Texas se consolida como uno de los estados más agresivos en materia migratoria, y miles de inmigrantes indocumentados —y no pocos ciudadanos— enfrentarán un escenario más tenso, vigilado y lleno de incertidumbre a partir de 2026.
Fuente: AS USA latino
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