El condado de Miami-Dade ha lanzado una ofensiva directa contra negocios que mantienen conexiones económicas con el régimen cubano. Dariel Fernández, actual recaudador de impuestos del condado, ha dejado clara su postura: ninguna empresa que colabore con el gobierno de Cuba de forma ilegal será tolerada.
"Sabemos quiénes son y dónde operan", advirtió en un mensaje que se viralizó rápidamente en redes sociales.
El funcionario, nacido en Cuba y con una trayectoria como empresario y activista comunitario en Florida, aseguró que no dudará en aplicar sanciones locales para frenar estos vínculos. Su advertencia llega en medio de crecientes tensiones entre la comunidad del exilio cubano en Miami y empresas sospechosas de actuar como intermediarias del régimen.
Según Fernández, las leyes del estado de Florida y del propio condado otorgan las herramientas necesarias para actuar. Con base en regulaciones locales, se podrán suspender licencias de operación a aquellas compañías que no cumplan con los requisitos federales o que sean señaladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) como infractoras.
Pero el mensaje va más allá de lo jurídico. En un tono enérgico, Fernández dejó claro que su compromiso es moral y político. “No vamos a permitir que nadie se enriquezca colaborando con un gobierno que ha oprimido a su pueblo por más de seis décadas”, afirmó.
Entre las medidas anunciadas está el envío de notificaciones a empresas bajo sospecha y una colaboración estrecha con agencias estatales y federales para fortalecer la vigilancia. También se alienta a los ciudadanos a reportar actividades sospechosas relacionadas con el comercio hacia Cuba.
Este endurecimiento de políticas se da en un contexto donde figuras públicas como la congresista María Elvira Salazar y el representante Carlos Giménez han señalado públicamente a empresas que, bajo el amparo de actividades logísticas o turísticas, tendrían nexos con entidades controladas por el aparato estatal cubano.
Algunas de estas firmas, como VaCuba o Cubamax, han estado en el centro de la polémica, aunque se presentan como prestadoras de servicios legales. Investigaciones independientes han mostrado que ciertos recursos enviados terminan beneficiando directamente al sistema económico de la Isla, especialmente a entidades ligadas a las fuerzas armadas cubanas.
La reacción del exilio cubano no se ha hecho esperar. Líderes comunitarios han celebrado la iniciativa de Fernández, considerándola un paso necesario para garantizar la integridad ética y legal del entorno empresarial en Miami-Dade.
“Esto no es solo una cuestión de cumplimiento legal”, dijo un activista local, “es una línea clara entre quienes están con la libertad y quienes pactan con la represión”.
Con esta postura firme, el condado de Miami-Dade envía un mensaje inequívoco: quienes hagan negocios con dictaduras, tendrán consecuencias.
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