Dos prominentes dirigentes de la masonería cubana, el Gran Maestro Juan Alberto Kessel Linares y el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso, fueron sometidos a varias horas de interrogatorio por parte de la Seguridad del Estado, antes de ser liberados con medidas cautelares y cargos penales, según denunció el escritor y periodista independiente Ángel Santisteban Prats en su perfil de Facebook.
Según los testimonios compartidos también por Viñas Alonso, ambos fueron imputados bajo el presunto delito de “tráfico de divisas”, presuntamente por cambiar dólares estadounidenses fuera del sistema bancario oficial, operaciones realizadas para cubrir gastos del asilo masónico Llansó, administrado por el Patronato de la Orden.
En su declaración, Viñas Alonso explicó que el dinero fue “intercambiado entre hermanos para cubrir necesidades básicas del asilo”.
Reportó que se les imputa haber cambiado 100 USD a la tasa del mercado informal (370 CUP) en lugar de la tasa oficial estatal (120 CUP), acción considerada por el régimen como delito y sancionada con penas de entre dos y cinco años de prisión.
Como parte de las medidas cautelares, se les impuso restricción de movimientos —solo desplazamientos entre casa y trabajo— y se les prohibió salir del país.
Viñas Alonso calificó la investigación como una estrategia política: “No tenemos ninguna preocupación, como ciudadanos no tenemos ni siquiera una multa de tránsito”.
La masonería cubana, históricamente vinculada a figuras clave de la independencia como José Martí y Ignacio Agramonte, se define por sus principios de autonomía y neutralidad partidista.
No obstante, en los últimos años ha sido objeto de constante vigilancia y presión por parte del Estado, lo que ha exacerbado una crisis institucional interna.
Este episodio se enmarca en una ofensiva estatal que ha incluido destituciones, renovaciones impuestas de liderazgos y múltiples citaciones a miembros de la orden masónica, considerados incómodos por su postura independiente.
Desde foros digitales internos masónicos, se denuncia que “no se les acusa por delitos reales, sino por no ser sumisos”, en referencia a que las imputaciones tienen un trasfondo político.
Santisteban Prats también reveló que el oficial a cargo del proceso penal es miembro de la orden y agente de la policía política, un factor que exacerba las dudas sobre la imparcialidad del proceso: “Por ética, no debió aceptar ese rol”, afirmó.
Mientras tanto, el ministro de Justicia de Cuba ha negado cualquier injerencia estatal en los asuntos masónicos, lo que contradicen los hechos denunciados: detenciones, imputaciones por actividades en moneda extranjera y restricciones a liderazgos independentistas.
Este nuevo capítulo consolidado evidencia la creciente presión estatal sobre una institución autónoma que reivindica su historia y su independencia frente al poder político en Cuba.
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