Un contrato interno de la corporación estatal cubana ANTEX S.A., obtenido por el periodista Mario J. Pentón de Martí Noticias, expone el carácter represivo y abusivo de las llamadas “misiones internacionales” en Angola. El documento, firmado en La Habana con un profesional de la salud, detalla restricciones extremas, retención de salarios, confiscación de pasaportes y un juramento de fidelidad política al régimen, prácticas que expertos califican como trabajo forzoso y posible trata de personas.
El trabajador que filtró el contrato, bajo anonimato, denunció que el gobierno cubano “no solo nos roba el salario que paga Angola por nosotros, también nos estafa con el tipo de cambio”. Aunque el documento establece un sueldo base de 950 dólares mensuales, en Angola el empleado recibe apenas 200 dólares en kuanzas —moneda local— y al tipo de cambio fijado por la propia ANTEX. El resto se retiene en Cuba, en cuentas controladas por la empresa, que puede disponer de esos fondos para “indemnizaciones” o “medidas disciplinarias”.
Durante las vacaciones, solo se permite retirar la mitad del dinero acumulado; el total se entrega al final de la misión y únicamente si no hay sanciones. Además, aunque el salario está pactado en dólares, el pago en la isla se realiza en MLC, moneda virtual de menor valor en el mercado interno.
La investigadora Annarella Grimal advierte que el régimen incluso modificó las condiciones para reducir aún más el estipendio: “Si alegan falta de liquidez, pueden bajarlo a 100 o hasta 50 dólares al mes”.
El contrato también impone un férreo control sobre documentos y vida privada. El pasaporte debe entregarse dos meses antes del vencimiento de la visa, dejando al trabajador sin identificación válida y bajo control absoluto del empleador. Además, se prohíbe:
Casarse o reconocer hijos en el país de misión.
Viajar dentro de Angola sin permiso escrito de ANTEX.
Asistir a eventos públicos o hablar con la prensa sin autorización.
Mantener relaciones estables con locales sin notificarlas en 72 horas.
Grimal señala que estas medidas no son nuevas: “Son mecanismos de control vigentes desde hace 20 años, reciclados en cada contrato”.
En el apartado 13.1.b, el trabajador se compromete a “mantener un comportamiento ético, político, social, laboral y moral revolucionario” y a “contribuir al prestigio de la Revolución”. Para los expertos, esto convierte un contrato laboral en un juramento partidista, usando a médicos y otros profesionales como instrumentos de propaganda.
Juristas consultados por Martí Noticias apuntan que la retención de documentos, el control de movimientos, la retención de salarios y las amenazas de sanciones son indicadores claros de trabajo forzoso según la Organización Internacional del Trabajo. La ONU ha advertido que estas condiciones pueden constituir trata de personas con fines de explotación laboral.
Según datos citados por Grimal, Angola paga a Cuba más de 270 millones de dólares anuales por estos servicios, pero los trabajadores reciben solo entre el 9% y el 24% del monto. “Hoy hay más de 24 mil profesionales cubanos en 56 países bajo este sistema. No es cooperación, es explotación”, concluyó.
(Con información de Martí Noticias)
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