En un nuevo operativo estatal, la tienda privada Todotuti, ubicada en el municipio Diez de Octubre, La Habana, fue clausurada tras detectarse supuestas irregularidades durante una inspección de la Dirección Provincial de Comercio.
La trabajadora del establecimiento fue multada con 30 mil pesos y las autoridades ordenaron el cierre del negocio por siete días, con la advertencia de iniciar un proceso por “desobediencia” si no se acata la medida.
Según reportes de Tribuna de La Habana, la intervención se produjo luego de que una vecina denunciara que el establecimiento no aceptaba pagos por transferencia, una práctica común en negocios privados debido a la desconfianza en el sistema bancario y las restricciones del uso de la Cuenta Bancaria Fiscal (CBF).
Además de esta negativa, los inspectores señalaron violaciones en los precios de algunos productos, como el pollo troceado, que se vendía a 350 pesos por libra frente al precio oficial de 312, y la comercialización de artículos vencidos, incluyendo mermeladas y sorbetos.
El caso generó especial atención porque la titular del negocio reside en Estados Unidos y, según el informe oficial, no contaba con licencia sanitaria ni documentos fiscales vigentes. Durante la inspección, se levantó el acta de cierre mientras la trabajadora esperaba la notificación de la multa.
Carlos Alberto Suárez Leyva, jefe de Atención a las formas de Gestión no Estatal de la Dirección Provincial de Comercio, declaró que las inspecciones continuarán “para garantizar que se cumpla con lo legislado y orientado” y aseguró que se actuará “con firmeza” ante cualquier violación, en nombre de un supuesto “entorno de comercio justo y transparente en beneficio del pueblo”.
Este operativo se enmarca en la creciente ofensiva del gobierno cubano contra el sector privado, que en las últimas semanas ha enfrentado controles más estrictos, multas millonarias y amenazas de cierre.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) advirtió que los negocios que evadan impuestos o rechacen pagos por transferencia se expondrán a sanciones severas, incluyendo cierres y acusaciones por evasión fiscal.
En 2024, más de 600 millones de pesos en multas fueron aplicados a negocios privados que supuestamente violaron los topes de precios, en un contexto donde la escasez de productos y la dolarización parcial de la economía dificultan el funcionamiento normal del comercio privado.
Con la clausura de Todotuti, se evidencia cómo las medidas de control estatales impactan directamente en los pequeños empresarios que sostienen gran parte del consumo diario de los cubanos, mientras las restricciones sobre pagos, fiscalización y precios elevan la presión sobre el sector privado en La Habana.
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