En Cuba no se habla de otra cosa: un fraude millonario con carbón vegetal ha estallado como uno de los mayores escándalos del año. Todo comenzó con un contrato entre la empresa estatal Cítricos Ceiba, en Artemisa, y un cuentapropista que, sin tener infraestructura ni un solo saco de carbón, consiguió firmar un acuerdo de exportación.
En enero de 2024, este particular recibió un pago adelantado de 30 millones de pesos. ¿El resultado? En apenas nueve días, el dinero desapareció. Ni carbón, ni producción: solo gastos personales y un vacío millonario en las cuentas estatales.
Lo más grave no es la estafa en sí, sino la cadena de fallas que la hicieron posible: el contrato no pasó por revisión legal, no hubo comité de control y se firmó prácticamente como un cheque en blanco.
El vicefiscal general Reinaldo Cruz Rivera confirmó que la deuda supera hoy los 28 millones, y tanto el director de la empresa como su económico y el cuentapropista están bajo prisión provisional.
Mientras tanto, los verdaderos campesinos, que sí producen, llevan meses arrastrando impagos millonarios. Hasta mayo, las deudas superaban los 50 millones de pesos, poniendo en riesgo cosechas y el abastecimiento de alimentos. Una paradoja dolorosa: se derrochan millones en un intermediario sin respaldo, mientras los productores reales no reciben lo básico para sembrar.
Tras el estallido del escándalo, la empresa cambió de dirección. El nuevo jefe asegura que ya se pagaron deudas por más de 66 millones de pesos y que inició un proceso de “reestructuración interna”. Sin embargo, para muchos este caso confirma lo que se sospecha hace tiempo: negligencia, falta de control y complicidad entre funcionarios y particulares son la fórmula perfecta para hundir al sector agrícola cubano.
Y no se trata de un hecho aislado. En el mismo programa Hacemos Cuba, se recordó el caso de Pinar del Río, donde la exdirectora provincial de Finanzas y Precios fue condenada a 15 años de prisión por desvío de fondos públicos, falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito.
En Artemisa o en Pinar del Río, la historia se repite: quienes deberían proteger los recursos del país terminan entregándolos en tratos turbios, mientras la población enfrenta escasez, impagos y hambre. Que se pierdan 30 millones en un negocio fantasma de carbón no es solo corrupción, es otra traición más al pueblo cubano.
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