El nuevo anteproyecto de la Ley del sistema deportivo cubano será evaluado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de este año, con miras a su implementación a finales de 2025.
Aunque se presenta como una actualización legal del modelo deportivo del país, diversos sectores han denunciado su verdadero objetivo: ejercer control ideológico sobre los atletas cubanos, especialmente aquellos que residen en el extranjero.
Esta normativa no solo consolida el monopolio estatal sobre la representación deportiva internacional, sino que también establece mecanismos de censura y exclusión contra quienes han decidido continuar sus carreras fuera del control del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).
Uno de los artículos más controversiales es el 154.1, que establece que solo las federaciones deportivas nacionales reconocidas legalmente pueden utilizar el nombre de Cuba y sus símbolos nacionales en competencias y actividades deportivas internacionales, siempre con autorización previa del INDER.
Esta medida busca impedir que atletas en el exilio usen la bandera cubana o entonen el himno nacional en eventos oficiales, eliminando así toda posibilidad de representación simbólica de Cuba si no está avalada por el aparato estatal.
Este intento de limitar la identidad cubana al marco oficialista afecta a numerosos deportistas que han dejado el país por razones económicas, políticas o personales, y que han seguido compitiendo con éxito en el exterior.
La ley les niega la posibilidad de manifestar su vínculo con la nación que los vio nacer, incluso cuando lo hacen con respeto y orgullo. La experiencia del boxeador Robeisy Ramírez ilustra esta política restrictiva. Luego de abandonar Cuba y reanudar su carrera profesional en Estados Unidos, se le prohibió usar los símbolos patrios en una pelea por el título mundial en Japón, a pesar de su insistencia y del respaldo de sus seguidores. Con esta nueva ley, situaciones como la suya se institucionalizan.
Además, la legislación también apunta contra proyectos organizados en el exilio. Un ejemplo claro es la Federación Cubana de Béisbol Profesional (Fepcube), integrada por peloteros cubanos que residen en diversos países y que buscan una plataforma para representar a su patria fuera de los canales oficiales.
La ley intenta impedir la existencia de este tipo de iniciativas, al bloquear el uso del nombre Cuba o cualquier elemento simbólico por parte de agrupaciones no autorizadas por el Estado. Es una forma de apagar cualquier expresión deportiva independiente que surja fuera del control gubernamental.
Esta normativa refuerza la separación entre el régimen cubano y los atletas que decidieron emigrar. La brecha ideológica y emocional se amplía aún más, dejando claro que no se trata de deporte, sino de política. En lugar de unir a los cubanos a través del orgullo por sus logros deportivos, el gobierno opta por castigar a quienes han buscado nuevos caminos. La ley no defiende valores ni protege símbolos. Simplemente impone una visión excluyente y autoritaria del deporte y de la cubanidad.
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