El gobierno cubano intenta defender las impopulares restricciones al acceso a internet impuestas por ETECSA, alegando que el consumo de datos móviles en la Isla supera al promedio de América Latina y el Caribe.
Según el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, los cubanos consumen un promedio mensual de 10 gigabytes, por encima de los 7 GB que promedia la región, y solo superados por Chile y Estados Unidos.
Sin embargo, el funcionario reconoció que cerca del 50% de la población se verá afectada por las nuevas tarifas, lo que evidencia un retroceso en derechos tecnológicos previamente alcanzados.
Lejos de ofrecer soluciones estructurales, Martínez Díaz defendió las restricciones como una medida económica necesaria para sostener a ETECSA, una empresa estatal que según él requiere cientos de millones de dólares para funcionar.
La explicación oficialista insiste en que los paquetes actuales son “más baratos” que antes, sin considerar que el acceso real ha sido severamente limitado y que la mayoría de los cubanos no tiene acceso a divisas para mantener su conectividad.
"Nuestro pueblo es culto, instruido", dijo el vice primer ministro, aunque reconoció que la comunicación de las medidas fue deficiente. Esta admisión, sin embargo, no compensa la falta de transparencia, ni responde a las demandas de millones de usuarios afectados. La narrativa gubernamental vuelve a apelar a la resignación, con la ya conocida fórmula de que las medidas son “dolorosas pero necesarias” y “temporales”, sin fechas ni compromisos claros.
Las declaraciones del gobierno no han apaciguado los ánimos. Al contrario, han coincidido con un paro académico iniciado por estudiantes de la Universidad de La Habana, que se ha extendido a otras provincias en rechazo a las nuevas tarifas impuestas por ETECSA.
La respuesta del Partido Comunista de Cuba no ha sido conciliadora: ha tachado las protestas de “maniobras desestabilizadoras” promovidas por “enemigos del sistema” y ha advertido sobre supuestas “manipulaciones mediáticas”.
El contraste entre las promesas oficiales y la experiencia ciudadana refuerza la desconfianza. Mientras el gobierno asegura que “se va a seguir trabajando muy fuerte”, los estudiantes, trabajadores y ciudadanos comunes enfrentan mayores barreras para estudiar, informarse y comunicarse. Para quienes no reciben ayuda del exterior, la conectividad se ha convertido en un lujo inalcanzable.
Martínez Díaz prometió que en algún momento se podrá recuperar el acceso anterior e incluso reducir costos, pero no ofreció fechas ni estrategias para lograrlo. En cambio, repitió justificaciones que ya no convencen a una población acostumbrada a décadas de medidas impopulares sin resultados sostenibles. Las protestas y el rechazo en redes sociales reflejan el hartazgo ante una política de control disfrazada de necesidad técnica.