El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra doce ciudadanos cubanos señalados de operar una conspiración internacional dedicada al tráfico de personas, fraude migratorio y lavado de dinero, que habría permitido la entrada ilegal de miles de compatriotas a territorio estadounidense.
Según la acusación, entre enero de 2021 y junio de 2025 los implicados crearon un esquema en línea para promover visas fraudulentas, ofreciendo supuestas vías rápidas de entrada mediante declaraciones falsas de ciudadanía europea. Para ello, presentaron cientos de solicitudes manipuladas al Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA), apoyándose en direcciones ficticias y documentos alterados.
Las investigaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), junto con la Patrulla Fronteriza, el FBI y la fuerza especial Joint Task Force Alpha (JTFA), permitieron identificar a los acusados: Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez (27), Yuniel Lima-Santos (30), Liannys Yaiselys Vega-Pérez (26), Marianny Lucía López-Torres (25), Frandy Aragón-Díaz (33), Erik Ventura-Castro (23), Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos (30), Walbis Pozo-Dutel (30), Emanuel Martínez González (28), Luis Emmanuel Escalona-Marrero (31), Layra Libertad Treto Santos (31) y Gisleivy Peralta Consuegra (40).
Todos, excepto Peralta Consuegra, enfrentan cargos por conspiración para cometer contrabando de extranjeros con fines de lucro. Varios de ellos también fueron acusados de conspiración para fraude de asilo y lavado de dinero.
La fiscal general Pam Bondi afirmó que el caso es especialmente grave porque incluyó el tráfico de menores que viajaron solos, instruidos por los organizadores para engañar a las autoridades migratorias. “Seré clara: si trafican con seres humanos, serán encontrados, procesados y llevados ante la justicia”, declaró.
El director del USCIS, Joseph Edlow, calificó la red como “una conspiración criminal multinacional, multianual y multimillonaria”. De acuerdo con los registros, los acusados llegaron a cobrar entre 1.500 y 40.000 dólares por persona, incluso alquilando vuelos privados para trasladar grupos. Solo en pasajes aéreos gastaron más de 2,5 millones de dólares, mientras que movieron al menos 7 millones a través de aplicaciones de pago como Zelle. El análisis financiero de 27 cuentas asociadas reveló que la organización obtuvo más de 18 millones de dólares.
La red promocionaba sus servicios a través de redes sociales y mensajería cifrada. En WhatsApp operaban un grupo titulado “TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A EE. UU. PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES”, donde incluso difundían videos con pasaportes, boletos y visados supuestamente aprobados, lo que servía para atraer más clientes.
Lo que comenzó como una operación clandestina creció hasta convertirse en una verdadera empresa ilegal que explotó las aspiraciones migratorias de muchos cubanos, en un contexto marcado por la crisis económica y social de la isla.
El caso continúa bajo investigación, con cooperación de autoridades internacionales, incluidas las Islas Caimán. De ser hallados culpables, los acusados enfrentarían severas penas por tráfico humano, fraude y lavado de activos.
Fuente: Martí Noticias
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