En la festividad popular de los carnavales de Manzanillo, en la provincia de Granma, fueron detenidos tres individuos que montaron mesas y una ruleta para organizar juegos prohibidos en plena vía pública, con el propósito de atraer a transeúntes y hacerlos perder dinero en apuestas ilegales.
De acuerdo con el testimonio de un ciudadano que presenció los hechos, los sujetos aprovecharon la aglomeración en el malecón para instalar de manera visible los juegos, en un contexto donde es bien sabido que estas actividades están prohibidas por la ley cubana. “Estaban arriesgándose demasiado, pero igual había personas cayendo en la trampa”, relató el testigo, quien aseguró que el operativo policial se llevó a cabo de manera inmediata.
La acción de las autoridades no pasó inadvertida para los asistentes, que quedaron sorprendidos al ver cómo la policía se llevaba a los responsables frente a la multitud. Las mesas y la ruleta fueron decomisadas en el acto, en lo que constituye una advertencia sobre los riesgos de estas prácticas, que suelen proliferar en espacios de gran concentración de personas.
Más allá de lo anecdótico del operativo, el caso revela un fenómeno creciente: la persistencia de actividades ilícitas que buscan sacar provecho de la crisis económica y del descontento social. En ausencia de un entretenimiento accesible y regulado, y ante la falta de opciones recreativas seguras, este tipo de apuestas clandestinas reaparecen como fórmulas rápidas de obtener ganancias, aunque siempre en detrimento de quienes participan.
En Cuba, el Código Penal sanciona los juegos de azar clandestinos, pero la recurrencia de estas prácticas en fiestas populares demuestra la dificultad de erradicarlas. Para algunos, el atractivo radica en la emoción de “probar suerte” en medio de la rutina diaria marcada por la escasez, aunque casi siempre los organizadores manipulan los resultados para garantizar la pérdida de los apostadores.
Aunque la rápida intervención policial evitó que la situación escalara, el reto para las autoridades locales es mayor: garantizar que las fiestas populares se desarrollen en un entorno seguro, sin espacio para actividades que ponen en riesgo el bolsillo y la confianza de los ciudadanos.
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