La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitando que se proteja a los migrantes de la Isla que fueron beneficiados con el programa de Parole Humanitario y están en proceso de regularización bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Salazar, representante de Florida, solicita que no sean deportados mientras esperan completar su trámite migratorio. En su misiva, la congresista cubanoamericana hace un llamado al DHS para que permita a los cubanos que ingresaron a EE. UU. bajo el programa de 30 mil visas seguir su proceso de asilo político y ser elegibles para el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.
También extendió la petición a los venezolanos que tienen trámites pendientes y no deberían ser deportados mientras esperan la resolución de su caso. “Pedí al Departamento de Seguridad Nacional que protejan a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos sin antecedentes penales que están en proceso de asilo. ¡No los castiguen por los errores de Biden!”, expresó Salazar en un mensaje publicado en X.
También hizo un llamado a proteger a estos grupos migrantes, señalando que las decisiones políticas y cambios en las normativas migratorias no deben perjudicar a quienes ya están en proceso legal para regularizar su estatus. Este pedido de María Elvira Salazar se da en un contexto de creciente tensión sobre las políticas migratorias, particularmente después de que el presidente Donald Trump otorgara nuevas facultades al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar a inmigrantes con permisos temporales bajo programas como el Parole humanitario y CBP One, implementados durante la administración de Biden.
Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional revelado en enero de 2025, le otorga a ICE más poder para deportar a beneficiarios de estos programas -eliminados por Trump desde el comienzo mismo de su mandato- incluso si aún tienen trámites abiertos.
Estas medidas, que afectarían a más de 1.46 millones de inmigrantes que llegaron bajo estos programas desde 2023, han sido objeto de críticas y desafíos legales por parte de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que estas acciones violan derechos constitucionales y el debido proceso.
La congresista Salazar argumenta que los cambios en las normativas migratorias y decisiones políticas no deben perjudicar a quienes ya están en un proceso legal para regularizar su estatus, y que estos grupos no deberían ser castigados por las políticas migratorias de la administración Biden.
Los programas de parole humanitario y CBP One, implementados durante la administración de Biden, están en riesgo de ser eliminados por la administración de Trump, que ha otorgado nuevas facultades al ICE para deportar a los beneficiarios de estos programas.
El ICE puede revocar los permisos temporales y proceder a deportar a los beneficiarios, incluso si no han agotado su tiempo de estancia legal o tienen casos abiertos en los tribunales de inmigración, lo que afecta a más de 1.46 millones de personas.
Los cubanos que han ingresado legalmente a EE.UU. con parole humanitario pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que les permite solicitar la residencia permanente al cumplir un año y un día en territorio estadounidense.
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