La venta de alimentos básicos en tiendas que operan exclusivamente en dólares vuelve a colocar en evidencia el profundo empobrecimiento que atraviesa la población cubana y la creciente desconexión entre el Gobierno y la realidad cotidiana del país. En una tienda en dólares ubicada en La Habana Vieja, clientes son invitados a comprar huevos, un producto esencial, utilizando una moneda a la que la mayoría de los cubanos no tiene acceso directo ni recibe como salario.
El hecho ha generado indignación en redes sociales y espacios independientes, donde se denuncia que el trabajador cubano cobra en pesos devaluados, mientras los precios de bienes imprescindibles se fijan en divisas extranjeras. La situación refleja una contradicción estructural: el Estado promueve un mercado en dólares en un país donde los salarios promedio no cubren ni una fracción del costo de la vida.
Tras más de seis décadas de gobierno centralizado, Cuba enfrenta una crisis marcada por salarios insuficientes, inflación descontrolada, escasez crónica de alimentos, apagones prolongados y el deterioro de servicios básicos como la salud y el transporte. El peso cubano ha perdido valor de forma acelerada, mientras los ingresos de la población permanecen estancados, empujando a millones a la pobreza extrema.
Analistas y ciudadanos coinciden en que la expansión de las tiendas en dólares representa una forma de exclusión económica que profundiza las desigualdades. Para sobrevivir, muchas familias dependen de remesas, un privilegio al que no todos pueden acceder. Quienes no las reciben quedan prácticamente fuera del mercado formal de alimentos y productos esenciales.
Pese a este escenario adverso, el pueblo cubano continúa mostrando una notable capacidad de resistencia. A diario, los ciudadanos improvisan, comparten y buscan alternativas para sostener a sus familias en medio de un sistema que no ofrece soluciones estructurales. Sin embargo, crece la percepción de que esta resistencia es utilizada por el poder como excusa para prolongar un modelo que ha demostrado su incapacidad para sacar al país adelante.
Desde Kinkalla TV, se señala que el Gobierno ha tenido 67 años para evitar el colapso actual. Lejos de asumir responsabilidades, continúa trasladando el costo de la crisis a la población, mientras mantiene privilegios y prácticas que muchos califican de desfachatez, corrupción y abuso de poder.
Cada tienda en dólares, cada salario insuficiente y cada anaquel vacío refuerzan una conclusión cada vez más extendida: si el discurso oficial afirma gobernar en nombre del pueblo, este sería el momento de permitirle decidir libremente su futuro y su destino.
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