El Tribunal Supremo Popular (TSP) confirmó este viernes la sentencia de cadena perpetua por espionaje contra el exministro cubano Alejandro Gil Fernández, además de 20 años adicionales por delitos de corrupción, entre ellos malversación, cohecho, evasión fiscal y lavado de activos. La resolución, que dejó firme la condena tras rechazar los recursos de apelación, incluye sanciones accesorias que contemplan el decomiso de bienes, aunque el comunicado oficial no detalló cuáles serían afectados.
En declaraciones a Mario J. Pentón, su hermana, María Victoria Gil, abogada y presentadora, explicó que la ejecución del decomiso —que había quedado en pausa durante el proceso de apelación— se activará ahora y afectará propiedades donde residen familiares del exfuncionario, incluida su nieta de tres años.
Según María Victoria Gil, los bienes sujetos a decomiso son principalmente dos casas. La primera corresponde a la vivienda de Miramar donde residía Alejandro Gil, una casa de dos pisos ubicada en el reparto Miramar, municipio Playa, en 24 entre Primera y Tercera. Allí viven actualmente la cónyuge del exministro, Gina María González García, su hija Laura María Gil González con su esposo y la niña pequeña.
La segunda propiedad mencionada por la hermana es la casa de la suegra de Alejandro Gil, una mujer cercana a los 90 años, quien según María Victoria, “no tiene nada que ver con nada”. La abogada subrayó que la ejecución de la confiscación no se había realizado mientras estaba vigente la apelación, y que tras el rechazo de los recursos, la medida se aplicará inmediatamente.
El TSP explicó oficialmente que Gil “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando daños a la economía”, pero no proporcionó detalles sobre los bienes específicos a decomisar.
Alejandro Gil fue cesado de sus cargos en febrero de 2024, y un mes después su detención y la apertura de investigación judicial fueron anunciadas por el gobierno, tras detectarse lo que se calificó como “errores graves”. En noviembre de ese mismo año, la Fiscala General de la República formalizó la acusación por 11 delitos, incorporando el cargo de espionaje, lo que elevó la dimensión política y penal del caso.
El cierre de la vía judicial ordinaria deja en firme tanto la cadena perpetua como la confiscación de propiedades, afectando directamente a familiares del exministro, incluido un menor de tres años.
Fuente: Entrevista de Mario J. Pentón a María Victoria Gil.
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