Las dos mujeres que denunciaron al cantante Julio Iglesias ante la Audiencia Nacional de España afirmaron que seguirán luchando y emprenderán nuevas acciones legales, luego de que la Fiscalía decidiera archivar la investigación al considerar que los tribunales españoles no tienen jurisdicción sobre los hechos denunciados.
Rebeca y Laura, una exempleada del hogar y una fisioterapeuta, respectivamente, contaron con el respaldo legal de Women’s Link Worldwide y el apoyo de Amnistía Internacional. Ambas organizaciones calificaron la decisión como “lamentable” y subrayaron que las denunciantes no darán por cerrado el caso.
La Fiscalía concluyó que España carece de competencia para investigar los presuntos hechos, que habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas. Según el Ministerio Público, no se cumplen los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial para activar la jurisdicción española, entre ellos que las denunciantes sean españolas o residan en España, o que exista una conexión relevante con el país.
Al tratarse de mujeres extranjeras que no residen en territorio español, la Fiscalía sostuvo que corresponde a otros Estados investigar los hechos. También indicó que, si así lo consideran, las denunciantes deben presentar sus denuncias ante los órganos judiciales competentes en los países donde habrían ocurrido los presuntos delitos.
Sin embargo, Women’s Link y Amnistía Internacional rechazaron esta interpretación y defendieron que el caso sí debía ser analizado en España. En un comunicado, señalaron que el archivo ignora principios de extraterritorialidad y tratados internacionales que, según ellas, obligan a los Estados a investigar violaciones graves de derechos humanos cuando el presunto autor es nacional del país, incluso si los hechos ocurrieron fuera de su territorio.
Las organizaciones recordaron que el Convenio de Varsovia y el Convenio de Estambul establecen compromisos para la protección de mujeres frente a la violencia y para garantizar el acceso a la justicia. “La idea de que un ciudadano español podría quedar exento de enfrentar un proceso por hechos cometidos fuera de España, contra mujeres no españolas, desconoce derechos humanos fundamentales”, afirmaron las representantes legales.
Además, las denunciantes expresaron su decepción por la forma en que se tomó la decisión. Según indicaron, la Fiscalía comunicó el archivo sin considerar tres escritos legales adicionales presentados por su defensa y resolvió el caso en menos de dos semanas, a pesar de contar con un plazo de hasta seis meses.
El caso se hizo público el 13 de enero, cuando elDiario.es y Univisión Noticias publicaron una investigación con los testimonios de ambas mujeres. En ella, relataron presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones ocurridas en propiedades vinculadas al artista. Una de las denunciantes afirmó incluso que eran sometidas a controles médicos periódicos, incluidas pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual.
Julio Iglesias ha negado de forma tajante las acusaciones. A través de sus redes sociales, aseguró que nunca abusó ni coaccionó a ninguna mujer. Posteriormente, publicó capturas de supuestas conversaciones privadas con sus exempleadas para respaldar su versión.
No obstante, la difusión de esos mensajes podría abrir otros frentes legales, ya que en España el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones está protegido por la Constitución y el Código Penal, lo que podría derivar en posibles responsabilidades civiles o incluso penales.
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