El régimen cubano volvió a intentar presentarse como protector de los cubanos en Estados Unidos, en un giro que muchos consideran marcado por la contradicción. Durante la conferencia “Cuba en la Política Exterior de EE. UU.: El regreso de Trump”, organizada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío acusó a Washington de impulsar políticas que —según él— hostigan y discriminan a los emigrados cubanos.
De acuerdo con sus declaraciones, los cubanos residentes en territorio estadounidense estarían expuestos a riesgos como expulsiones, “tratos degradantes” y persecución, además de enfrentar restricciones asociadas a viajes a la Isla o a actividades comerciales vinculadas con Cuba. Con ese enfoque, el funcionario intentó colocar el tema migratorio en el marco de una denuncia política contra Estados Unidos.
Pero el discurso dejó fuera un punto esencial: la emigración masiva cubana no comenzó por lo que ocurre en EE. UU., sino por lo que ocurre en Cuba. Millones de personas han salido de la Isla empujadas por la falta de oportunidades, la crisis económica sostenida y un sistema político que restringe derechos y castiga la disidencia. Sin embargo, esa raíz estructural quedó convenientemente ausente en la narrativa oficial.
La paradoja se acentúa porque el propio Estado cubano ha construido durante décadas un lenguaje de estigmatización contra el exilio, al que ha tachado de “traidor” o “gusano”, además de imponer trabas, castigos simbólicos y exclusiones a quienes se marchaban. En ese contexto, el intento de erigirse ahora en defensor de los mismos emigrados suena, para muchos, menos a preocupación real que a recurso propagandístico.
Tampoco se menciona el otro lado del vínculo: la emigración como fuente de ingresos para el Estado mediante remesas y cobros consulares considerados abusivos por una parte de la comunidad migrante. Ni se reconoce que entre los que se fueron hay personas que afirman haber sido perseguidas, presionadas o castigadas por pensar distinto.
Para críticos del régimen, esta “solidaridad” de última hora encaja con una estrategia conocida: desviar el foco, culpar a Washington del costo social de una crisis interna y sostener el relato de víctima externa mientras en la Isla crecen el malestar, la precariedad y la represión. En ese marco, el mensaje resulta claro: los cubanos fuera no necesitan tutela de quien, según ellos, los empujó a irse; lo que exigen es un país donde emigrar no sea la única salida.
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