El decomiso de un camión cargado de frutas, vegetales y granos en el municipio Unión de Reyes, provincia de Matanzas,
volvió a encender el debate sobre el papel del Estado cubano frente a la crisis alimentaria que atraviesa el país. La información fue difundida por el perfil oficialista Con Todos La Victoria, que celebró la acción como un golpe contra las “ilegalidades”.
Según la publicación, el camión pertenecía a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) 26 de Julio, de Jagüey Grande, y fue detenido en plena carretera por las autoridades. El cargamento carecía de autorización oficial, carta de la Agricultura o cualquier documento que justificara su traslado. El representante de la carga, identificado como Javier Rivas Brito, tenía como destino final La Habana, donde —según la versión oficial— pretendía vender los productos a precios elevados.
La respuesta fue inmediata: decomiso y compra forzosa por parte de la Entidad de Acopio de Unión de Reyes. De acuerdo con Con Todos La Victoria, los alimentos incautados serían destinados a sectores “priorizados” como la salud y la educación.
El cargamento decomisado incluía 700 piñas, 40 quintales de arroz, 12 quintales de frijoles, 15 quintales de fruta bomba, 34 quintales de calabaza, 15 cajas de limón, 44 cajas de guayaba, 15 racimos de plátanos y hasta 39 sacos de carbón. Una cantidad considerable de alimentos en un país donde millones de personas pasan días enteros buscando qué llevar a la mesa.
Más allá del discurso oficial, el hecho deja al descubierto una contradicción profunda: mientras el régimen es incapaz de garantizar el abastecimiento regular de alimentos a la población, persigue y penaliza a quienes, de una forma u otra, logran mover productos del campo a las ciudades. En la práctica, muchos de estos alimentos terminan llegando a las familias cubanas gracias a circuitos informales, ante el colapso del sistema estatal de producción y distribución.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y reflejan el malestar popular. “Eso hubiera llegado a la población si no lo hubieran decomisado. Ningún niño de ninguna escuela se va a comer un grano de arroz de eso”, comentó un usuario identificado como Yohan. Otro internauta, Amaury, fue más directo: “Milagro no hay ninguna entidad del Estado capaz de producir esa misma cantidad y venderla a precio módico; todo lo que se mueve hoy es gracias a esos particulares”.
También hubo cuestionamientos de fondo al modelo económico. “Si el Estado produce, no hay motivo para que aumenten los precios. Produzcan igual que los pequeños agricultores para que aumente la oferta y bajen los precios”, escribió Erisdaniel.
El decomiso en Unión de Reyes no es un hecho aislado, sino parte de una política que prioriza el control y la sanción por encima de soluciones estructurales. En un país marcado por la escasez, la inflación y el hambre, cada camión decomisado representa no solo una “ilegalidad” castigada, sino también alimentos que dejan de llegar, aunque sea de forma imperfecta, a la mesa del cubano.
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