Un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias contactó desesperadamente a la página La Tijera para denunciar la situación insalubre y crítica que enfrentan los residentes de uno de los edificios del reparto Pueblo Grifo, en la ciudad de Cienfuegos.
Este edificio, donde habitan oficiales activos tanto de las FAR como de grupos hoteleros vinculados a Gaviota —el brazo económico militar del castrismo— lleva varios días con las alcantarillas colapsadas y una fosa séptica desbordada.
La situación es alarmante. Aguas negras fluyen por los alrededores del edificio, generando un ambiente pestilente que afecta directamente la salud y calidad de vida de quienes viven allí. La denuncia señala que, pese a los múltiples reclamos realizados a las autoridades municipales, al Partido Comunista y a la propia institución militar, no ha habido respuesta ni solución.
El oficial, que prefiere (por supuesto) mantenerse en el anonimato por temor a represalias, afirma haber agotado todas las vías oficiales antes de recurrir a una denuncia pública.
Este caso pone en evidencia el grado de deterioro de los servicios básicos en Cuba, incluso para quienes forman parte de las estructuras que sostienen al régimen. Resulta irónico y revelador que ni siquiera aquéllos que visten uniforme y sostienen con su lealtad al sistema reciban atención prioritaria. Al parecer, la promesa de “no dejar a nadie atrás” no se cumple ni con los suyos.
Lamentablemente, no es un caso aislado. Se han reportado situaciones similares en otras zonas del país. Por ejemplo, en Alamar (La Habana), vecinos de un edificio del microdistrito 8 vivieron más de dos semanas con una fosa tupida que solo fue destupida luego de una denuncia en redes sociales.
Lo mismo ocurrió en Camagüey, donde un círculo infantil estuvo a punto de cerrar por problemas con el sistema de aguas residuales.
El oficial que escribió a La Tijera lo resume con resignación: “Después que ustedes suben las denuncias, es que se mandan a correr”. La ineficiencia, el abandono institucional y la indolencia parecen no discriminar entre ciudadanos comunes y miembros activos del aparato militar.
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