La vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular de Cuba Maricela Sosa Ravelo anunció el 30 de mayo de 2025 que se aplicará la pena de muerte o la cadena perpetua a quienes cometan actos vandálicos contra infraestructuras y servicios considerados estratégicos en el país.
El anuncio fue realizado durante una comparecencia en la televisión nacional, en la que explicó que el Consejo de Gobierno decidió interpretar estos actos como delitos de sabotaje, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.
Entre las conductas que se incluirán dentro de esta tipificación se encuentran daños al transporte público, sustracción de piezas de las líneas férreas y locomotoras, contaminación de depósitos de combustible, así como actos de sabotaje contra grupos electrógenos, parques solares fotovoltaicos, instalaciones del sistema electroenergético nacional y servicios de telecomunicaciones e informática.
Según Sosa Ravelo, estas acciones constituyen un delito de sabotaje porque afectan "el buen uso, el funcionamiento de todos los bienes públicos y también de las instituciones del Estado, del gobierno". Indicó que el artículo 125 del Código Penal establece penas de entre 7 y 15 años de privación de libertad para quienes incurran en este delito. No obstante, el artículo 126 contempla figuras agravadas que implican sanciones más severas.
En los casos agravados, cuando los actos pongan en peligro la vida de las personas, causen lesiones graves o dañen la seguridad colectiva, las penas se elevan de 10 a 30 años de privación de libertad, pudiendo imponerse cadena perpetua o incluso la pena capital, siempre que se demuestre en juicio oral que el acusado cometió los hechos descritos.
El nuevo Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 2022, mantiene la pena de muerte para 24 delitos. De esos, 14 corresponden a crímenes relacionados con la seguridad del Estado, 8 con actos de terrorismo, 1 con delitos contra la salud pública relacionados con drogas y otro con el delito de asesinato.
Desde febrero de 2025, funcionarios de la Unión Eléctrica (UNE) y del Ministerio del Interior (MININT) habían advertido que los robos o daños a recursos eléctricos serían sancionados severamente y podrían ser considerados como sabotaje. Estas advertencias coincidieron con reportes de incidentes que afectaron la infraestructura energética del país.
La disposición anunciada refuerza la postura de las autoridades cubanas ante actos que afecten servicios esenciales para la población y el funcionamiento del Estado. Según la explicación ofrecida por la magistrada, el delito de sabotaje puede ser imputado a cualquier persona que, mediante actos deliberados, atente contra bienes o instalaciones con valor estratégico para el país.
El uso de sanciones máximas, como la cadena perpetua o la pena de muerte, dependerá del nivel de afectación provocado por el acto y de las pruebas presentadas durante el proceso judicial. Las autoridades judiciales subrayan que esta medida se aplicará conforme a las garantías procesales establecidas en la legislación cubana.
Esta noticia, inicialmente divulgada por el MININT y la TVC ha sido ampliamente difundida por otros medios como Martí Noticias y Cubadebate.
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