En una conferencia de prensa cargada de tensión, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lanzó una acusación directa contra Jill Biden, sugiriendo que la ex primera dama habría sido "cómplice de un encubrimiento" sobre la salud física y mental del presidente Joe Biden.
Su declaración —"Jill Biden debería testificar sobre lo que sabía sobre la salud de su esposo y cuándo lo supo"— provocó una tormenta política inmediata y ha hecho que algunos ya hablen de un posible "Bidengate", en alusión al escándalo de Watergate.
Leavitt no se limitó a una insinuación vaga. Afirmó con contundencia que “cualquiera con ojos y sentido común puede ver lo que estaba pasando”, refiriéndose a los rumores persistentes sobre la supuesta disminución de las capacidades del presidente Biden. Aunque no presentó evidencia concreta, sus declaraciones reavivan el debate sobre la transparencia en la administración y el papel que desempeñan los familiares de los mandatarios en momentos de crisis.
Las declaraciones de Leavitt marcan un hito polémico al centrar el foco en la figura de Jill Biden, que hasta ahora había sido defendida por sectores demócratas como un apoyo familiar constante más que una figura de poder político formal. Pero para sus críticos, el hecho de que la doctora Biden haya acompañado a su esposo en múltiples actividades oficiales mientras se cuestionaba su estado de salud es prueba de una supuesta manipulación encubierta.
La acusación se produce en un contexto de creciente polarización de cara a las elecciones de 2026 y puede ser vista también como un movimiento estratégico del ala conservadora para deslegitimar retroactivamente la presidencia de Biden.
En redes sociales, términos como #Bidengate, #Encubrimiento y #JillBiden ya se han viralizado, sumando miles de comentarios, algunos con fuertes teorías conspirativas, como los mencionados por usuarios como Eva Tania Ramírez, quien acusa a la familia Biden de haber "usado el poder presidencial sin haber sido elegidos".
Sin embargo, analistas políticos moderan el tono. Como señala un usuario en la misma red, "lo que dice una spokesperson no tiene validez legal", recordando que se trata de una declaración política sin implicaciones judiciales directas a menos que se inicie una investigación formal por parte del Congreso o el Departamento de Justicia.
¿Qué viene ahora? Si las declaraciones de Leavitt desencadenan audiencias o investigaciones, podríamos estar ante un episodio nuevo y turbulento en la historia política de EE.UU., aunque para que se transforme en un verdadero escándalo tipo Watergate, serían necesarias pruebas documentadas, no solo retórica encendida. Por ahora, esto parece más una jugada de presión mediática con fines electorales que un proceso legal inminente.
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