El gobierno del presidente Donald Trump ha desatado una nueva táctica que ha encendido las alarmas entre abogados y defensores de derechos humanos: las llamadas “audiencias-trampa”, una estrategia que consiste en cerrar expedientes judiciales de inmigrantes que llevan menos de dos años en Estados Unidos, para facilitar su arresto inmediato por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a la salida del tribunal.
Según abogados de inmigración consultados por EFE, esta maniobra convierte las audiencias en una trampa legal. “Este es un plan con maña. Esta administración está convirtiendo las audiencias de inmigración en una trampa”, denunció el abogado Alex Gálvez. El mayor peligro es que los inmigrantes detenidos en estas condiciones son sometidos a deportaciones expeditas sin derecho a fianza, al considerar que ya tuvieron su oportunidad ante la corte.
En estados como California, Arizona, Washington y Nueva York, se han reportado múltiples casos donde fiscales del gobierno pidieron a jueces que rescindan casos, lo que automáticamente expone a los migrantes a una deportación acelerada. En San Diego, la organización Detention Resistance informó que al menos tres personas fueron detenidas por ICE minutos después de que sus casos fueran desestimados por el tribunal.
Una escena captada en Phoenix la semana pasada generó conmoción: agentes armados detuvieron a varias familias con niños a la salida de sus audiencias de inmigración. Todos eran solicitantes de asilo. Casos similares se han visto en tribunales de Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Nueva York. En esta última ciudad fue arrestado un joven venezolano, estudiante de una escuela pública, que ingresó al país en abril del año pasado. Su caso ha provocado protestas en defensa de su permanencia en EE.UU.
Fernando Romo, abogado de inmigración y asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), calificó las detenciones como “sin precedentes” y aseguró que han generado “una gran preocupación” en la comunidad legal.
Consultado por EFE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que la mayoría de los extranjeros que ingresaron por la frontera en los últimos dos años están sujetos a deportación acelerada. Además, la secretaria del DHS, Kristi Noem, revirtió la política del expresidente Joe Biden que permitía a los inmigrantes permanecer libres mientras esperaban su audiencia judicial.
“El ICE ahora está cumpliendo con la ley y colocando a estos extranjeros ilegales en deportación acelerada, como siempre debió haber sido”, justificó el DHS.
Este panorama ha dejado a los abogados de inmigración entre la espada y la pared. Según Gálvez, lo que antes era una buena noticia –el cierre de un caso sin deportación inmediata– ahora puede representar un riesgo. Muchos abogados han comenzado a advertir a sus clientes sobre la posibilidad de arresto si acuden a la corte, lo que podría llevar a un aumento en las órdenes de deportación en ausencia.
Romo advierte: “Ahora no estamos seguros a quién le van a aplicar esta táctica. Es nuestro deber informar y dejar que ellos tomen la decisión de asistir o no”.
Si bien el DHS afirma que quienes presenten solicitudes válidas de asilo seguirán en proceso, Gálvez señala que ICE está asumiendo el papel de juez, al decidir quién tiene un caso legítimo o no.
La estrategia es vista como parte de un plan más amplio del presidente Trump para cumplir su promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados de Estados Unidos.
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