Los gobiernos de Honduras y México han comenzado a prepararse ante la amenaza de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados desde Estados Unidos, una propuesta planteada por el expresidente Donald Trump durante su campaña electoral.
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, emitió una contundente declaración en la que advirtió sobre posibles cambios en la cooperación militar con Estados Unidos si se concretan estas deportaciones. En un discurso transmitido en medios nacionales, Castro señaló que evaluaría la presencia de la base militar estadounidense Soto Cano, una instalación clave para la fuerza militar de EE.UU. en Centroamérica.
“Si enfrentamos una expulsión masiva de nuestros compatriotas, revisaremos la permanencia de estas bases en nuestro territorio, que ya no tendrían justificación”, afirmó Castro, dejando abierta la posibilidad de cancelar un acuerdo que data de hace décadas.
El secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, respaldó la posición de Castro, asegurando que esta medida podría tomarse sin la aprobación del Congreso hondureño. No obstante, expertos señalan que esta decisión podría tener implicaciones económicas y diplomáticas significativas para Honduras, un país altamente dependiente de las relaciones comerciales y la ayuda humanitaria de EE.UU.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el compromiso de su gobierno de apoyar a los mexicanos deportados, destacando las contribuciones de sus ciudadanos a la economía estadounidense. Sheinbaum también abrió la puerta a la posibilidad de acoger a migrantes deportados de otros países, aunque subrayó su rechazo a las deportaciones masivas.
“Si los migrantes no pueden ser retornados a sus países de origen, México está dispuesto a colaborar mediante distintos mecanismos. Aquí los vamos a recibir con dignidad y tenemos un plan para ello”, aseguró Sheinbaum.
Además, México ha implementado iniciativas para apoyar a sus ciudadanos en Estados Unidos, como una aplicación en línea para alertar a las autoridades consulares en caso de detención.
Las posibles deportaciones masivas generan preocupación en América Latina, donde las remesas enviadas por migrantes representan una fuente crucial de ingresos. En Honduras, por ejemplo, estas remesas constituyen hasta el 25% de su economía. Según estimaciones del Centro de Investigaciones Pew, en 2022 más de 500,000 hondureños indocumentados residían en EE.UU., equivalentes al 5% de la población del país.
Mientras tanto, gobiernos de la región buscan equilibrar sus respuestas a las políticas de Trump con la necesidad de mantener relaciones estables con Washington. Aunque aún no se han presentado planes concretos por parte del equipo de Trump, las declaraciones recientes reflejan la preocupación y las estrategias emergentes de los líderes latinoamericanos para proteger a sus ciudadanos.
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