La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha una ofensiva a gran escala para cancelar miles de solicitudes de asilo que aún están en trámite en los tribunales de inmigración de Estados Unidos, bajo el argumento de que los solicitantes pueden ser deportados a países distintos al suyo. La información fue revelada por CBS News, que tuvo acceso a datos internos del gobierno y a testimonios de abogados de inmigración.
Según el reporte, la estrategia se ha intensificado en las últimas semanas y afecta a inmigrantes con casos pendientes en ciudades como Miami, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, San Francisco y varios puntos de Texas. Abogados y representantes legales confirmaron a CBS News que fiscales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están solicitando a los jueces que desestimen las peticiones de asilo sin analizar el fondo de los casos.
Los tribunales de inmigración, que dependen administrativamente del Departamento de Justicia y no del poder judicial independiente, están recibiendo mociones conocidas como pretermit, mediante las cuales ICE pide cerrar los casos argumentando que los solicitantes pueden ser enviados a “terceros países seguros”. Entre las naciones mencionadas figuran Guatemala, Honduras, Ecuador e incluso Uganda, de acuerdo con documentos judiciales revisados por CBS News.
Datos internos obtenidos por ese medio indican que, hasta principios de diciembre, ICE había presentado más de 8.000 mociones para desestimar solicitudes de asilo basándose en acuerdos de deportación con terceros países. De ser aceptadas, estas solicitudes permiten ordenar la expulsión del migrante sin que su caso de asilo sea evaluado y, en la práctica, sin una vía clara de apelación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la medida en declaraciones a CBS News, asegurando que busca acelerar la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país y reducir el atraso en el sistema de asilo. Según el DHS, los acuerdos bilaterales permiten que los migrantes soliciten protección en países “socios” que, en teoría, garantizan un proceso justo.
La estrategia se apoya en disposiciones de la ley migratoria que impiden conceder asilo a personas elegibles para protección en un tercer país con el que Estados Unidos tenga un acuerdo. Además, a finales de octubre, la Junta de Apelaciones de Inmigración emitió un fallo que obliga a los jueces a analizar primero si el solicitante puede ser enviado a un tercer país antes de evaluar su petición de asilo, trasladando al migrante la carga de demostrar que también correría peligro allí.
Sin embargo, abogados alertan que la política está afectando incluso a personas con sólidos argumentos de persecución, procedentes de países como Irán, Nicaragua o Rusia. Algunos sostienen que la intención real es desalentar las solicitudes de asilo y forzar a los migrantes a desistir por miedo a ser enviados a países desconocidos.
Casos concretos ilustran el impacto de la medida. Un abogado en Houston relató que uno de sus clientes, un disidente político nicaragüense, recibió una orden de deportación a Honduras. En Atlanta, una abogada tuvo que modificar de urgencia la defensa de un solicitante iraní para demostrar que también estaría en riesgo en Uganda, logrando evitar su expulsión. En Nueva York, otro letrado expresó dudas sobre que su cliente ruso y su hijo pequeño reciban un trato similar, ante lo que describió como jueces “con las manos atadas”.
(Con información de CBS News)