En lugar de asumir responsabilidades por el pésimo servicio de telecomunicaciones en Cuba, el régimen opta por culpar al ingenio popular. Esta semana, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), único proveedor autorizado en el país, responsabilizó a los ciudadanos que instalan antenas artesanales y repetidores caseros por las constantes fallas en la cobertura móvil.
Según Kevin Castro Rodríguez, funcionario de alto rango de la compañía estatal, estos equipos —calificados como “ilegalmente importados y comercializados”— interfieren en el funcionamiento de las celdas de señal en todo el país, supuestamente afectando un 6% del total. Como respuesta, amenazó con contravenciones, decomisos e incluso sanciones penales para quienes usen o distribuyan estos medios alternativos.
La estrategia del régimen es clara: criminalizar a los ciudadanos que intentan solucionar por cuenta propia lo que el Estado es incapaz de garantizar. En una isla donde las interrupciones del servicio son constantes, los precios exorbitantes y la conexión a internet es controlada y censurada, miles de cubanos recurren a la creatividad para poder conectarse con el mundo. Fabrican antenas con materiales reciclados, las adaptan en techos, balcones o patios y, gracias a ellas, logran acceder a una red ineficiente pero vital.
ETECSA no mencionó, por supuesto, las verdaderas razones detrás de la mala calidad del servicio: la falta de inversión en infraestructura, los prolongados apagones eléctricos, la obsolescencia tecnológica y, sobre todo, el uso político de las telecomunicaciones por parte del régimen. En múltiples ocasiones, el acceso a internet ha sido restringido o completamente bloqueado en medio de protestas ciudadanas o jornadas de represión, evidenciando el uso del control digital como arma de censura.
Además, ETECSA actúa como una máquina de generar divisas para el Estado. Las recargas internacionales a móviles y la venta de paquetes de datos en moneda extranjera han convertido a la empresa en una fuente directa de ingreso para las arcas del gobierno. Mientras tanto, el ciudadano común paga precios excesivos por servicios deficientes, sin posibilidad de competencia ni alternativa legal.
Este año, la situación no mejora. La compañía anunció un aumento en los precios de los paquetes de internet y la incorporación de nuevos servicios cobrados en moneda extranjera, lo que agrava aún más la desigualdad digital entre quienes reciben remesas del exterior y quienes no.
El funcionario pidió incluso un “mayor rigor del personal de fronteras” para detectar la entrada al país de estos equipos. En otras palabras, más represión y vigilancia, menos soluciones reales.
En lugar de modernizar la infraestructura, abrir el mercado a nuevas opciones o reducir tarifas, el régimen opta por castigar al usuario. Así, la dictadura reafirma su modelo: reprimir la iniciativa ciudadana, demonizar la inventiva popular y mantener el monopolio de las comunicaciones, no para conectar al país, sino para controlarlo.
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