El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba reportó el 1 de junio una afectación máxima de hasta 1,590 megavatios (MW), según el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE). Esta cifra representa uno de los niveles más altos de apagones en semanas recientes. El déficit de generación, calculado sobre una demanda máxima estimada de 3,450 MW y una disponibilidad de solo 1,930 MW, dejó sin servicio a miles de hogares en el país.
Las interrupciones en el servicio comenzaron desde el día anterior y se extendieron durante toda la madrugada. Las causas principales del déficit eléctrico incluyen averías técnicas y mantenimientos programados en varias plantas termoeléctricas del país.
Unidades ubicadas en Santa Cruz, Cienfuegos, Nuevitas, Felton y Renté están fuera de servicio, mientras que otras permanecen en mantenimiento. Aunque se anunció la entrada temporal de una unidad en Nuevitas con 90 MW, este refuerzo resulta insuficiente para cubrir la demanda nacional.
El gobierno ha intentado mitigar el déficit con la incorporación de 12 nuevos parques solares, cuya generación conjunta alcanzó un pico de 312 MW. Sin embargo, la generación solar representa un porcentaje limitado frente al consumo total requerido, lo que mantiene la situación energética en estado crítico. Esta precariedad se enmarca en una prolongada crisis económica nacional que afecta múltiples servicios básicos.
Al mismo tiempo, se ha producido un aumento significativo en las tarifas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). Esta subida ha generado amplio rechazo entre los usuarios. La compañía estatal justificó el alza tarifaria en función de la existencia de un mercado externo dispuesto a pagar precios más altos, en alusión a la comunidad de cubanos en el exterior.
El incremento en el costo del acceso a internet ha coincidido con los cortes eléctricos extendidos, elevando las tensiones sociales. En redes sociales y foros ciudadanos, han surgido especulaciones sobre una posible dolarización del servicio eléctrico. Esta medida, de implementarse, seguiría el precedente del sector de las telecomunicaciones, donde ciertos pagos solo pueden realizarse en divisas.
Tanto ETECSA como la UNE son empresas estatales sin competencia, bajo control del conglomerado militar GAESA. Analistas observan que este modelo empresarial responde a una lógica de sostenibilidad financiera en divisas, lo que podría traducirse en mayores barreras para la población que no tiene acceso a moneda extranjera.
La situación ha generado incertidumbre ante la posibilidad de que servicios esenciales pasen a regirse por criterios de mercado orientados a la captación de divisas.
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