Cuba no se opone a la participación legal de sus ciudadanos en la guerra de Rusia en Ucrania; los ciudadanos cubanos detenidos anteriormente participaban en actividades ilegales y violaban la ley, dijo este jueves el embajador del régimen de Cuba en Rusia a la agencia estatal rusa RIA Novosti.
"No tenemos nada en contra de los cubanos que sólo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso. Pero nos oponemos a la ilegalidad y a estas operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal", dijo Julio Antonio Garmendia Peña, embajador de La Habana en Moscú, a la citada fuente.
Garmendia se refirió así a los 17 personas detenidas por el Ministerio del Interior (MININT) por presunto mercenarismo, tráfico y trata de personas para participar en la guerra de Rusia en Ucrania.
"Los estafadores y los bandidos están en todas partes", y en esta situación estamos hablando de ellos., señaló al respecto.
"Estamos hablando de gente mala que, basándose en un tema tan importante como una operación militar, como son las relaciones entre nuestros países, quiere ganar dinero, quiere meterse dinero en el bolsillo y dedicarse a actividades ilegales".
El diplomático puntualizó a RIA Novosti que todos los detenidos son ciudadanos de Cuba.
El Ministerio del Exterior (MINREX) ha negado en reiteradas ocasiones la implicación de los dirigentes en el reclutamiento de cubanos para la guerra de Rusia en Ucrania.
Según el MINREX, "el Ministerio del Interior (MININT) detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania".
"Se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades", agregó el citado comunicado.
Posteriormente la televisión controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) informó que los 17 detenidos podrían enfrentarse a una condena de hasta 30 años de prisión por el delito de mercenarismo. Además, se investigan por tráfico de personas, trata de personas y actos hostiles contra un Estado extranjero.
Según las autoridades, los reclutados tendrían "pésima conducta social y antecedentes".
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