La represión ejercida por el régimen cubano contra las expresiones críticas en redes sociales ha alcanzado un nuevo nivel de extensión y arbitrariedad, afectando ya no solo a periodistas independientes y activistas políticos, sino también a ciudadanos comunes sin historial de militancia opositora. Así lo documenta el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en recientes denuncias desde Santiago de Cuba.
Yasmany agradece muchos de los casos que divulga al ICLEP (Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa), organización no gubernamental independiente, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de prensa y de expresión en Cuba.
Uno de los casos más alarmantes de esta represión digital ocurrió el 15 de diciembre, cuando una mujer trabajadora y madre de dos hijos fue sometida a un proceso intimidatorio tras comentar una publicación en redes sociales perteneciente a un coronel del Ministerio del Interior. Según el testimonio recogido por Mayeta, un individuo vestido de civil acudió a su barrio preguntando por ella, sin identificarse ni mostrar citación oficial alguna, en un claro acto de hostigamiento.
Horas después, la mujer fue obligada a presentarse en la Unidad 2 de la Policía, conocida como El Palacete. Allí fue interrogada durante varias horas, se le confiscó su teléfono móvil y se le exigió firmar una carta de advertencia en la que se comprometía a no volver a emitir opiniones en redes sociales. Durante el interrogatorio, agentes intentaron además presionarla para que colaborara como informante del barrio, propuesta que rechazó rotundamente. En la misma unidad policial se encontraban otras mujeres citadas por hechos similares, lo que refuerza la tesis de un patrón represivo sistemático.
Otro hecho denunciado involucra al joven santiaguero Yasmani Hechavarría, quien fue hostigado por agentes de la Seguridad del Estado tras publicar en redes sociales la frase “Para la calle vamos”. Los oficiales se presentaron en su comunidad e indagaron sobre su paradero a través de la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución, involucrando nuevamente a las estructuras de control social del régimen.
Asimismo, el ciudadano Enrique Ramos Bosch fue detenido el 9 de diciembre y trasladado al Centro de Operaciones de Versalles, acusado presuntamente de “desacato” por publicar en Facebook quejas relacionadas con los apagones y críticas al gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Estos casos, documentados por Yosmany Mayeta Labrada, confirman que en la Cuba actual expresar inconformidad en redes sociales puede derivar en citaciones policiales, amenazas y detenciones, consolidando un escenario donde el Estado criminaliza la opinión y convierte el espacio digital en una prolongación del aparato represivo.
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