En 2025, el Gobierno de México adjudicó al menos tres contratos a Neuronic Mexicana S.A. de C.V., empresa vinculada al conglomerado estatal cubano BioCubaFarma, por un monto total de hasta 227 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 12,5 millones de dólares), destinados al suministro de fármacos oncológicos como vincristina, metotrexato y doxorrubicina.
Según una investigación de Latinus, los contratos fueron otorgados de manera directa, sin licitación pública. El acuerdo de mayor valor fue firmado en febrero con Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Virmex) por hasta 201 millones de pesos (cerca de 12,1 millones de dólares) y una vigencia de dos años, para la provisión de doxorrubicina y vincristina. Otros dos convenios fueron formalizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): uno por 10,57 millones de pesos (aproximadamente 582.000 dólares) para 28.200 piezas de metotrexato, y otro en noviembre de 2025, por 15 millones de pesos (827.000 dólares) para 33.600 unidades de ketamina, con vigencia durante 2026.
Los contratos fueron suscritos por la representante legal de Neuronic Mexicana, Tania Urquiza Rodríguez, identificada como empresaria cubana. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que la empresa forma parte del entramado empresarial del régimen cubano y ha realizado transferencias a entidades como AICA y BioCubaFarma Tesorería con recursos provenientes de pagos realizados por Virmex. Revisiones previas de la Cuenta Pública 2023 documentaron irregularidades, incluyendo pagos por medicamentos rechazados por problemas de calidad sin aplicación de sanciones ni devolución de los lotes.
Estas adquisiciones ocurren en un contexto de escasez generalizada de medicamentos en Cuba, incluyendo fármacos oncológicos esenciales. Además, se producen en medio de tensiones políticas entre México y Estados Unidos por los vínculos de cooperación del Gobierno de Claudia Sheinbaum con la dictadura cubana. Legisladores estadounidenses han cuestionado estos acuerdos, mientras la mandataria ha defendido la compra de medicamentos y otros programas de colaboración bilateral como decisiones soberanas orientadas a atender necesidades sanitarias.
El caso pone de relieve tanto los desafíos de suministro de medicamentos en Cuba como las implicaciones políticas y financieras de acuerdos bilaterales entre México y entidades vinculadas al régimen castrista, en un contexto de vigilancia por parte de organismos internacionales y auditorías fiscales.
Fuentes: Cubanet, Diario de Cuba y X de Yan Estrada
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