La familia de Jesús López Rodríguez, cubano de 61 años residente en Estados Unidos desde 2004, vive un momento de angustia mientras sufre la amenaza de deportación tras más de 21 años fuera de Cuba.
El caso, reportado por Patrick Hayes, refleja la difícil situación que enfrentan inmigrantes legales cuando son detenidos por las autoridades de inmigración y expuestos a condiciones severas.
Jesús llegó a EE.UU. mediante la lotería de visas cubanas y desde entonces se ha integrado activamente a la comunidad de Flint, Michigan, donde abrió un pequeño negocio de comida y se ganó el cariño de los vecinos preparando pizzas cubanas en festivales, actividades culturales y programas juveniles.
Testimonios locales destacan su cercanía y disposición para ayudar, recordando cómo logró que un adolescente tímido probara y disfrutara sus pizzas.
El 2 de junio, agentes de ICE lo detuvieron mientras se dirigía a su trabajo. Desde entonces permanece retenido en el Centro Correccional del Condado de Calhoun, enfrentando condiciones que su familia y defensores califican de inhumanas: falta de atención médica para una afección de próstata que le impide orinar, infecciones sin tratar en el cuero cabelludo, aislamiento por solicitar asistencia médica, ausencia de lentes para leer documentos legales y restricciones en la comunicación con su abogado.
Organizaciones como Flint Alliance for Immigrant Rights (FAIR) han denunciado negligencia grave, alimentos deficientes y riesgos para la salud del hombre. Lucine Jarrah, miembro de FAIR, declaró que “nadie debería ser sometido a este nivel de abuso” y urgió a la comunidad a apoyar a Jesús y su familia.
El 2 de diciembre, un juez de inmigración dictó una orden de deportación hacia Cuba.
Su familia dispone de 30 días para apelar, aunque temen que ICE pueda ejecutar la expulsión antes de que concluya el proceso legal.
Amigos y líderes comunitarios aseguran que Jesús no representa peligro, que ha mantenido un historial limpio durante años y que es un miembro activo y solidario de su comunidad.
Patrick Hayes advierte que casos como este evidencian políticas que afectan emocionalmente a familias enteras sin mejorar la seguridad pública, calificándolas de moralmente indefendibles. Mientras, FAIR organiza campañas de recaudación y cartas de apoyo para exigir su liberación y atención médica inmediata.
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