Tras el paso del huracán Melissa por Santiago de Cuba el pasado 29 de octubre, el régimen cubano ha centrado sus esfuerzos en publicitar una serie de juicios penales por delitos de hurto cometidos durante el desastre. El perfil oficialista Héroes del Moncada fue el encargado de divulgar detalladamente las condenas, presentándolas como parte de una estrategia de “orden” y “protección” a los bienes estatales. Sin embargo, la insistencia en exhibir rapidez y severidad contrasta con la profunda crisis social que atraviesa la provincia, donde miles de familias siguen lidiando con los estragos del ciclón sin que sus necesidades más urgentes reciban igual nivel de atención.
En la Causa 159 de 2025, seis ciudadanos fueron procesados por intentar llevarse 111,2 kilogramos de barredura de harina de trigo tras la caída de un muro en la Fábrica Frank País García. Aunque los acusados fueron detenidos en el lugar y el producto recuperado, los tribunales impusieron sanciones de entre seis y nueve meses de privación de libertad. Se trata de un castigo rápido en un país donde procesos más graves, especialmente cuando involucran responsabilidades estatales, suelen dilatarse o no llegar nunca a juicio.
La Causa 160 de 2025 involucró a dos individuos acusados de apropiarse de un refrigerador doble y dos neveras pertenecientes a la Carpa Alegrémonos, en el municipio cabecera. Uno fue sorprendido trasladando el equipo por el Paseo Martí, mientras que las neveras fueron encontradas en la casa del otro acusado. Las penas impuestas oscilaron entre dos y dos años y medio de prisión, aplicando los marcos sancionadores más altos del delito de hurto.
La Causa 161 de 2025 se centró en la sustracción de ocho cajas y 22 pomos de cerveza Parranda del almacén UEB 705 Aurora. El acusado recibió dos años de privación de libertad, pese a que los bienes fueron recuperados íntegramente. En los tres procesos, los tribunales aplicaron la agravante de haber actuado “aprovechando la ocurrencia de un desastre”, así como sanciones accesorias de prohibición de salida del país.
Aunque las sentencias buscan transmitir un mensaje de disciplina y control, la insistencia del Gobierno en destacar estos casos revela una estrategia comunicacional que prioriza la imagen punitiva del Estado por encima de la atención social. Mientras se exponen con detalle los castigos por delitos cometidos en medio de un evento extremo, otras necesidades críticas —como la reposición de viviendas destruidas, la falta de alimentos, la escasez de recursos para miles de familias y las persistentes interrupciones eléctricas— permanecen sin una respuesta eficaz.