Un grave episodio de presunto abuso policial conmocionó recientemente a la población de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, tras la captura injustificada de Roberto Bonne Lugo, conocido en su comunidad como “Petillo”, de 39 años.
El hecho fue denunciado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien recopiló testimonios directos de vecinos que presenciaron la intervención policial.
Según relataron varios residentes, dos efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) irrumpieron el pasado 4 de diciembre en una vivienda particular sin presentar autorización legal ni orden de registro. Su objetivo era detener a otra persona, pero al no encontrar al individuo buscado, los agentes optaron por arrestar a Roberto, sin que existiera vínculo alguno con el caso ni razón jurídica para privarlo de libertad.
Los testigos aseguraron que “Petillo” fue sometido con violencia, golpeado y reducido ante la mirada atónita de familiares y amigos. Su hijo, un niño de 11 años, presenció todo el operativo, observando cómo su padre era sacado a la fuerza de su casa, sin explicación, documentación legal ni cumplimiento de los protocolos establecidos para una detención.
Han pasado cerca de 48 horas desde el arresto y los allegados continúan sin recibir información oficial sobre su paradero o estado físico. Hasta el momento, la PNR no ha emitido comunicado, versión oficial ni aclaración sobre los hechos, lo que ha incrementado la angustia y las denuncias por desaparición forzada temporal.
La persona que alertó sobre el incidente solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias, una preocupación común entre ciudadanos que reportan excesos policiales en el país.
Este caso se suma a un contexto creciente de denuncias de detenciones ilegítimas y procedimientos violatorios reportados en Santiago de Cuba durante las últimas semanas. A finales de noviembre, varios jóvenes fueron arrestados bajo la acusación de haber realizado grafitis críticos al gobierno, catalogados por el Estado cubano como “propaganda enemiga”.
Asimismo, continúan reportándose obstáculos legales impuestos por las autoridades, como en el caso reciente del preso político William Sosa, cuya abogada fue impedida de acceder a documentos esenciales de su expediente tras ser clasificados repentinamente como “secretos”.
La situación revive la preocupación expresada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que en noviembre declaró que 49 manifestantes del 11J fueron encarcelados sin garantías procesales ni derecho a una defensa efectiva.
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