El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que busca aumentar la presión sobre aquellos gobiernos que retienen de manera ilegal a ciudadanos estadounidenses. La disposición crea la categoría de “estado patrocinador de detención injusta”, lo que permitirá sancionar a los países que incurran en esta práctica.
De acuerdo con la medida, el secretario de Estado, Marco Rubio, podrá imponer restricciones de visado, sanciones económicas u otras represalias contra los países designados. “Hoy estamos trazando una línea muy clara. Los estadounidenses no serán utilizados como moneda de cambio”, afirmó un alto funcionario de la administración bajo condición de anonimato.
Aunque la Casa Blanca no ofreció detalles sobre el calendario de aplicación, el nuevo mecanismo abre la puerta a penalizar a regímenes señalados por el informe de 2024 de la Fundación Foley, el cual identificó al menos 54 estadounidenses secuestrados o detenidos injustamente en 17 países, entre ellos Irán, China, Rusia, Corea del Norte y Venezuela.
Paul Whelan, quien estuvo preso en Rusia durante más de cinco años antes de ser liberado en 2024, celebró la iniciativa pero pidió ir más allá. “Es un buen comienzo y sería un disuasivo poderoso si se aplica contra regímenes como China y Rusia. Pero también necesitamos compensación para quienes pasamos por esta experiencia, y esos fondos podrían salir de los activos congelados de esos gobiernos”, declaró a NBC News.
Según Whelan, Washington aún tiene mucho que mejorar tanto en la prevención como en la asistencia a los estadounidenses que sufren estas situaciones: “Necesitamos disuadir la toma de rehenes y garantizar que, una vez en casa, reciban el cuidado adecuado”.
La administración Biden había aprobado en julio de 2022 una orden ejecutiva similar que declaraba emergencia nacional la detención injusta de ciudadanos estadounidenses y facultaba sanciones contra responsables estatales y no estatales. También introdujo la letra “D” en las alertas de viaje del Departamento de Estado para advertir a los estadounidenses sobre destinos con alto riesgo de detención.
La nueva orden de Trump amplía este marco y permite aplicar a los países implicados las mismas sanciones que ya se utilizan contra los estados patrocinadores del terrorismo. “No se trata solo de financiar a grupos como Hamás o Hezbolá. También es un acto de explotación detener a nuestros ciudadanos injustamente”, explicó otro alto funcionario.
Como parte de su estrategia de disuasión, la administración también evalúa imponer limitaciones de viaje a ciertos países considerados de alto riesgo. Un antecedente de esta política ocurrió en 2017, cuando se prohibió a los titulares de pasaportes estadounidenses visitar Corea del Norte tras la muerte de Otto Warmbier, un joven que había sido encarcelado en ese país.
Fuente: NBC News
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